Autoridades de Costa Rica advirtieron recientemente sobre la potencial formación de un «megacartel» de narcotraficantes locales que presuntamente compran la droga en Colombia y la trasladan vía marítima al país centroamericano.
«El hecho de que costarricenses se trasladan a territorio colombiano para adquirir droga y la pretendan trasegar internacionalmente a Costa Rica en barcos costarricenses y con tripulación nacional, confirma (…) el riesgo de que en el país se esté conformando una mega-banda dedicada a la narcoactividad en sus múltiples aristas», afirmó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
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El ministro se reunió este lunes con autoridades de la Administración Federal para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos «a efectos de mejorar el apoyo internacional para Costa Rica en la lucha contra el flagelo del narcotráfico», señalaron desde la cartera de seguridad a través de un comunicado.
Las sospechas de las autoridades sobre la posible creación de un gran cartel del narcotráfico costarricense se debe al traslado de organizaciones criminales locales desde la localidad de Limón, en la costa del Caribe y con el mayor puerto de exportación de Costa Rica, hacia la costa del Pacífico y la zona norte fronteriza con Nicaragua.
La droga habitualmente llega a la costa del Pacífico de Costa Rica en embarcaciones provenientes de Colombia, se cruza por tierra hacia el litoral del Caribe para luego ocultarla y despacharla en contenedores de mercancías hacia Europa y Estados Unidos, reconocen las autoridades.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención de varios costarricenses por parte de la Armada de Colombia con caso dos toneladas de marihuana y una «importante cantidad de cocaína» que pretendían «trasegar de Colombia a Costa Rica».
Costa Rica se encuentra inmersa en la operación especial contra el crimen organizado «Costa Rica Segura Plus», que pretende mermar la capacidad de las bandas delictivas en el país.
Solamente en el pasado mes de mayo, las autoridades detuvieron a más de 1.600 personas en el marco de los operativos de seguridad en la nación centroamericana, que registró en 2022 su año más violento con 656 homicidios, lo que se traduce en 12,6 por cada 100.000 habitantes.
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