Aunque el Estado de Nicaragua ya se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA), el grupo opositor Monteverde recordó este martes, en un comunicado, que «las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos se mantienen vigentes, en virtud de numerosos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de los que nuestro país es suscritor».
En ese sentido, y tomando en cuenta que el 8 de noviembre pasado el Consejo Permanente de la OEA resolvió que Nicaragua sigue obligado a respetar los derechos humanos, el grupo Monteverde le instó a la OEA que establezca «un mecanismo permanente de seguimiento a la situación en Nicaragua», misma que todos los días se agrava más debido al modelo totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El retiro de Nicaragua de la OEA se hizo oficial el pasado 19 de noviembre, dos años después de que Ortega y Murillo tomaron la decisión de sacar al país de ese organismo y denunciaron la Carta de la OEA para, según Monteverde, «intentar evadir el repudio de la comunidad internacional, y en particular de la absoluta mayoría de países del continente».
«Nicaragua ya no tiene ninguna relación, ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA», reza un comunicado de la dictadura de este lunes 20 de noviembre, firmado por el canciller Denis Moncada, en el que también se acusa a la OEA de ser «injerencista» y un «instrumento de intervención» del gobierno de Estados Unidos.
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Purgas en la dictadura
En el comunicado de Monteverde, leído por Carmen Chamorro, se recuerda que en las últimas semanas la dictadura ocupó con la policía al poder judicial y ha despedido a aproximadamente 1,000 despidos trabajadores, algunos de los cuales están detenidos y aislados.
Además, el Registro Público sufrió un traslado ilegal a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los opositores consideran que lo ocurrido en el poder judicial es una muestra de purgas internas en la dictadura y también del totalitarismo que practican Ortega y Murillo, así como la inseguridad jurídica que sufren los nicaragüenses en el país.
«Vemos con buenos ojos lo que pasa en el poder judicial, aunque también con tristeza por los trabajadores. Es un reflejo de la sanguinaria manera de proceder de los Ortega Murillo, que están más aislados por su paranoia. Son incapaces de mantener lealtades de su círculo cercano y está por verse qué pasa con la policía y el ejército, otros de sus pilares», manifestó otra vocera de Monteverde, Tamara Dávila.
Nicaragua Investiga
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