La Contraloría de Guatemala denunció penalmente este sábado ante la fiscalía a cuatro magistrados y un funcionario del Tribunal Electoral por supuestas anomalías en la compra de un sistema informático usado en las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo.
Fueron dos denuncias las presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) ante la fiscalía, una por «la falta en la calidad del gasto en la adquisición» del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de unos 19,3 millones de dólares, señaló la CGC en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
La segunda denuncia es «por la adquisición de equipo innecesario» por un valor de unos 3,3 millones de dólares.
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Ambas denuncias son contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y un encargado del área de informática de esa institución.
La denuncia penal por parte del ente contralor ocurre luego de realizar una auditoria en el TSE.
Según la CGC, durante la auditoría «se garantizó el derecho de defensa de los auditados» a quienes se les permitió «la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos de descargo».
La CGC dejó en claro que su denuncia penal «no tiene relación con los resultados electorales», pues «no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado» de las elecciones.
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El 7 de noviembre la Corte Suprema de Justicia de Guatemala avaló un pedido de la fiscalía de quitar el fuero a los magistrados electorales por presuntas anomalías en la compra del sistema TREP usado en los comicios ganados por el socialdemócrata Arévalo.
La fiscalía presentó la solicitud ante la Corte por los supuestos delitos de «abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude» en total contra ocho magistrados del tribunal electoral.
La fiscalía ha emprendido además otras acciones contra el TSE y el partido Semilla de Arévalo por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en 2017.
El TREP fue adquirido a una empresa local y sirvió para el conteo de las actas electorales que ingresaban al sistema y agilizar los resultados preliminares de los comicios.
Corresponde al Congreso decidir si les quita o no la inmunidad a los magistrados para ser investigados penalmente.
El 14 de septiembre, el presidente electo pidió retirar la inmunidad a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana, a quienes acusa orquestar un «golpe de Estado» para impedir que asuma el poder el 14 de enero en sustitución del derechista Alejandro Giammattei.
Las acciones contra Semilla se dieron luego de que Arévalo quedara segundo en las elecciones del 25 de junio y pasara al balotaje del 20 de agosto, en el que obtuvo un amplio triunfo con su promesa de combatir la corrupción.
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