Manifestantes bloquearon este jueves, por cuarto día consecutivo, una treintena de rutas en Guatemala para exigir que cese una supuesta persecución electoral que busca impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder.
Los manifestantes, en su mayoría indígenas, mantienen cerrados, con vehículos y ramas de árboles, tramos de carreteras estratégicas como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras. En algunos puntos son cientos y en otros sobrepasan el millar.
Tras regresar de Washington, donde denunció «un golpe de Estado en cámara lenta», Arévalo se reunió este jueves con activistas de organizaciones civiles.
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«Esta es una oportunidad para remarcar ese llamado a que se mantenga la unidad nacional alrededor de una protesta pacífica de rechazo a los intentos de violentar el proceso electoral y constitucional», afirmó en rueda de prensa.
Hasta ahora, las protestas eran sobre todo en el oeste del país, pero este jueves se unieron pobladores indígenas de Quiché (norte) y de Escuintla (sur). Los tramos cerrados de vías aumentaron de 20 a 33 en esta jornada, según la estatal Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
Ondeando banderas nacionales, azul y blanco, los manifestantes corean consignan y llevan carteles en los que piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras; del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orellana, a quienes acusan de una ofensiva contra el presidente electo.
Con su promesa de lucha anticorrupción, Arévalo, de 64 años, ganó sorpresivamente las elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto ante la ex primera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
Pero desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por Curruchiche y Orellana, -los tres incluidos en una lista de Estados Unidos de «corruptos» y «antidemocráticos»- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político.
El miércoles, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo que interpuso Arévalo luego de que esos tres funcionarios ordenaron el allanamiento de un centro electoral y la apertura de cajas con sufragios, el pasado 12 de septiembre.
Arévalo afirmó que, pese a esa decisión de la alta corte, hay en curso otras acciones legales.
«Uso de la fuerza, el último recurso»
Los bloqueos iniciaron el lunes contra recientes allanamientos de la sede del tribunal electoral en los que se decomisaron actas electorales, y para exigir que cesen las acciones contra Arévalo y su partido político.
Este jueves, la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial, aceptó un recurso de la cúpula empresarial y facultó a las autoridades a disolver en caso «necesario» los bloqueos por atentar contra la libre movilidad, privilegiando la disuasión y el uso de la fuerza como «último recurso».
En un comunicado, los empresarios dijeron respetar el derecho a manifestar, pero sin «bloqueos en la vía pública que afecten el acceso a servicios médicos, educativos y comercio».
La misma CC horas después resolvió una consulta del tribunal electoral y determinó que un juez penal está facultado para suspender un partido político basado en la ley de delincuencia organizada.
Bajo esa ley, el juez Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó al partido Semilla de Arévalo por presuntas ilegalidades en su conformación en 2017. Sin embargo, el tribunal supremo frenó la medida dado que no puede suspenderse ninguna organización política durante el proceso electoral.
La inhabilitación de Semilla debe cobrar vigencia nuevamente después del 31 de octubre al cierre de este proceso.
Arévalo pidió a las autoridades que favorezcan el «diálogo» y no la acción violenta para levantar los bloqueos.
El líder indígena Luis Pacheco, uno de los activistas del movimiento de protesta, aseguró que «seguirán las paralizaciones» por tiempo indefinido.
En Ciudad de Guatemala, policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según Aeronáutica Civil.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han expresado su preocupación por la situación en Guatemala, al considerar que peligra la democracia y la gobernabilidad de este país agobiado por la pobreza, la violencia criminal y la corrupción.
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