En los últimos siete años los ingresos generados por la minería han crecido como la espuma, particularmente aquellos que provienen del oro. Los excelentes precios internacionales del metal precioso motivan a las empresas mineras que operan en Nicaragua a extender sus áreas de extracción, sin importar el desplazamiento forzado de comunidades completas y los daños muchas veces irreversibles al medio ambiente.
Los reportes oficiales destacan mensualmente cómo crece la actividad minera del país, tanto en expansión como en los ingresos que genera a nivel de exportaciones.
De acuerdo a datos del BCN, desde 2017 hasta noviembre de 2023, los ingresos por exportaciones de oro se triplicaron, pasando de 327.3 millones de dólares a 1,030.6 millones. Esto fue producto no solo de los buenos precios sino que se duplicó el volumen de onzas troy exportados.
En 2017 Nicaragua exportó 260.6 onzas troy en oro y para noviembre de 2023 la cifra se catapultó a 538.6. En cuanto a los precios, por ejemplo, este 23 de enero de 2024, según Bloomberg, la onza troy se cotizaba en 2 mil 050 dólares.
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Por esta razón, no sorprendió que en el informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a noviembre de 2023, el BCN destaque el crecimiento de la actividad minera.
“La explotación de minas y canteras registró un crecimiento de 29.9 por ciento (13.3% en el acumulado enero-noviembre), como resultado de la mayor extracción de oro, plata, piedra cantera, hormigón, carbonato y yeso”, destacó el BCN, y así ha sido en los informes anteriores.
Oro destronó al café en las exportaciones
Tanto ha sido el aumento del sector minero en Nicaragua, que en 2019 el oro (497.8 millones de dólares) superó los ingresos por exportaciones de café (458.1 millones), que durante décadas fue el principal producto de exportación, y tuvo que relegarse no al segundo sino al tercer puesto porque la carne vacuna repuntó y alcanzó el primer lugar con 522.4 millones de dólares en exportaciones.
Pero al siguiente año (2020), la carne vacuna pasó al segundo puesto, el oro la desplazó con sus 665.1 millones de dólares en ingresos por exportaciones y desde entonces se ha mantenido en el primer lugar de los principales productos de exportación del país.
¿Minería es rentable?
El negocio del oro parece ser rentable, al menos para las empresas mineras, porque para la población e incluso para el mismo Estado no lo es. Una de las formas de demostrarlo es a través de las mismas cifras oficiales, por ejemplo, de las nueve actividades económicas que clasifica el BCN sobre los asegurados activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el sector de minas y canteras es el que tiene menos.
En 2017 dicha actividad económica contaba con 5 mil 436 empleos y para 2022 se situó en 5 mil 777, es decir, en cinco años apenas creció en 341 asegurados, pese a ser la que más ingresos genera en exportaciones, lo que refleja que ese dinero solo queda en las manos de los empresarios, la mayoría internacionales, pues en términos de impuestos tampoco significan mucho para el Estado.
Hasta noviembre de 2023, en vez de aumentar, la cifra de trabajadores asegurados del sector minero se redujo a 5 mil 294, o sea, 183 menos que el año anterior, un contraste totalmente distinto a sectores como el agropecuario que aporta un buen número de productos, genera buenos ingresos por exportaciones y cuenta con más de 65 mil trabajadores que cotizan al Seguro Social.
El Estado, en este caso administrado por el régimen Ortega-Murillo, señalado en diversas investigaciones de estar detrás del negocio del oro a través de empresas, que han sido sancionadas por Estados Unidos, sabe los riesgos que implica la actividad minera y que no generan un gran número de empleos, por lo que se valen de la promesa de las empresas del sector de contribuir al desarrollo de las zonas en donde se ubican a través de la responsabilidad social empresarial.
Sin embargo, esto no es así, pues en los municipios donde se ha instalado la minería no han superado las condiciones de desarrollo y siguen con indicadores de pobreza y subdesarrollo, según explica el ambientalista y director de Fundación del Río, Amaru Ruiz.
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“Las empresas mineras llegan con el discurso de que contribuyen al desarrollo, que generan empleo y una serie de beneficios que ellos dicen que a través de su actividad van a generar; sin embargo, nosotros hemos pedido que nos demuestren cuáles son los indicadores de desarrollo que han generado en esas comunidades. Uno puede visitar La Libertad, Santo Domingo, Siuna, Rosita, Bonanza y te das cuenta que estos distritos mineros que tienen años de historia de extracción de esos recursos naturales por empresas, siguen viviendo en las mismas condiciones incluso paupérrimas del desarrollo”, sostiene Ruiz.
Ingresos no compensan el daño ambiental
Para el ambientalista y defensor de los pueblos indígenas, los apenas 5 mil empleos que genera el sector minero no compensan el daño ambiental y los desplazamientos forzados que provoca esta industria.
“Evidentemente el mayor rédito o ganancia va hacia afuera del país porque la mayoría de casos los capitales de inversión son extranjeros que llegan a nuestro país en un modelo de saqueo y despojo con la complicidad del régimen Ortega-Murillo que le interesa por todo lo que puede sacar de esta actividad, y sin contar con los pasivos ambientales que quedan en el país que siguen afectando en los siguientes años, pese a cualquier cierre de la empresa”, explica.
Ruiz ejemplifica con el caso del derrame de residuos industriales que se originó en mayo de 2023, en el plantel de la empresa minera Hemco en Bonanza, que amenazaban con contaminar dos ríos que circundan la zona. Para el ambientalista esta es solo una de las pequeñas muestras de los graves desastres naturales que ocasiona la industria minera y como el régimen es negligente al no establecer “responsabilidades y los pasivos ambientales que la empresa debe de asumir”.
“Este derrame que no ha sido el primero, pero que sí ha sido el más público y que lamentablemente vemos que la ineficiencia del Estado e incluso la voluntad política o el interés de seguir con esta actividad en el país hace que obvien la aplicación de la legislación ambiental”, añade Amaru Ruiz.
Invasiones y masacres en comunidades
Estas no son las únicas consecuencias acarreadas por la sed del oro. Como si el país hubiera retrocedido a los tiempos de la conquista española, en Nicaragua se siguen reportando masacres, asesinatos y desplazamiento forzado de las comunidades indígenas. La invasión de colonos armados en las áreas que pertenecen a los pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua ha manchado de sangre el oro.
Los colonos buscan apoderarse de las tierras de estos pueblos originarios, y pese a las denuncias y los llamados de organizaciones internacionales que defiende los derechos de estas comunidades, el régimen Ortega-Murillo poco hace por esclarecer los casos, por el contrario se ha sumado a los atropellos a estos pueblos vulnerables entregando extensas áreas a través de concesiones mineras a distintas empresas, que incluyen territorios indígenas y hasta áreas protegidas.
Recientemente el ambientalista Amaru Ruiz denunció que en 2023 el régimen Ortega-Murillo aumentó el área concesionada a las empresas mineras en un “66 por ciento y desde 2021-2023 se han entregado 33 concesiones”.
“El problema de invasión se ha mantenido… no se ha respetado la gobernanza indígena, inclusive en las municipalidades la división administrativa y política de los municipios entra en roce con la Ley 445 porque quienes deberían tener la gobernanza sobre esos territorios son las comunidades indígenas y no los municipios”, explica Amaru Ruiz.
El ambientalista añade que “los problemas de propiedad o de territorio siguen siendo una situación crítica para las comunidades indígenas”.
Por si fuera poco, a la invasión de tierras para la explotación minera, se suma el de extracción maderera. El pasado miércoles 17 de enero, el régimen ordenó suspender la veda de pino, cedro real y pochote para cortar, aprovechar, transportar y comercializar estos árboles, a través de dos decretos presidenciales publicados en La Gaceta.
De acuerdo a un reporte periodístico del medio de comunicación Divergentes, entre 2020 y 2021, unas 11 personas fueron asesinadas como consecuencia de la invasión de tierras en áreas protegidas indígenas, pero lo más dramático fue la muerte de 36 personas en accidentes de minería artesanal, que al final laboraban indirectamente para las grandes corporaciones mineras y los mueve el motivo común de la fiebre del oro.
En solo eso dos años, 47 personas perecieron a causa de la frenética búsqueda del preciado metal dorado, sin mencionar el sinnúmero de accidentes que ocurren en las minas, principalmente derrumbes que han dejado soterrados a varios mineros.
El accidente más reciente ocurrió el 6 de diciembre de 2023. El minero Ipio Climax, de 41 años, y su compañero de labores solo identificado como Lorenzo, fallecieron a consecuencia de inhalar accidentalmente los gases provocados por la explosión de una planta de generación eléctrica que estaba junto a ellos, en un túnel de la mina Kisilala, ubicada en el municipio de El Rama, Costa Caribe Sur de Nicaragua. 
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