Con la aprobación de la Ley 1055 y la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de la República, el régimen Ortega-Murillo puede despojar de la nacionalidad a cualquier nicaragüense, según explican abogados del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Al régimen solo le bastaría acusar a un nicaragüense de ser “traidor a la patria”, de acuerdo a lo estipulado en el artículo uno de la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley 1055), y luego aplicar el artículo 21 de la Constitución, que establece que los acusados por este delito “pierden la calidad de nacional nicaragüense”.

El colectivo de defensores de los derechos humanos sostiene, que tanto la Ley 1055 como la reforma al artículo 21 de la Constitución, son arbitrarias y contradictorias.

“El artículo 21 no puede ordenar que a los nicaragüenses se nos despoje de la nacionalidad porque el artículo 20 dice que los nacidos en Nicaragua no hay facultad ni poder que pueda quitarles la nacionalidad. Se lee el 20 y el 21 y se va a ver que son dos artículos contradictorias”, alega el Colectivo.

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Los abogados de la organización sostienen que el régimen hace todo “completamente al revés y después buscan como hacer todo en la vía de hecho”.

“Es prohibido matar y ellos (la dictadura) han matado, es prohibido detener sin la legalidad correspondiente y han detenido, absolutamente arbitrario. La tortura es un delito internacional y ellos han torturado. El destierro, el desplazamiento forzado es parte de los crímenes de lesa humanidad y ellos lo han hecho”, agregan.

Hasta los bienes

Por todo ello,  no le extrañaría que el régimen despoje de la nacionalidad y hasta de sus bienes a cualquier nicaragüense al que se le inventen falsos delitos, como ha ocurrido con ciudadanos que han sido expulsados del país.

“Es probable que en Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pueda despojar arbitrariamente la nacionalidad a quienes ellos decidan e incluye el tema de aquellas personas que pidan parole humanitario a Estados Unidos, es por eso que no se sabe realmente cómo va actuar la dictadura porque tienen una demencia esquizofrénica, un tema de persecución arbitraria desquiciada hacia quienes alzan la voz”, resalta el Colectivo de Derechos Humanos.

Ejemplifican con el caso de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a la que el régimen no le permitió ingresar al país y la obligó al desplazamiento forzoso y desierto como a otros nicaragüenses, cuando esta regresaba luego del certamen de Miss Universo, en el que la nicaragüense Sheynnis Palacios se alzó con la corona.

“Esto no sólo transgrede la nacionalidad, el derecho a la residencia y de movilización sino también a la propiedad privada”, destaca el Colectivo.

Régimen dispuesto a confiscar

El arrebato de la nacionalidad y declaración de apátrida, no sería la única medida arbitraria que podría llegar a tomar el régimen contra cualquier nicaragüense, como ya lo ha hecho antes, sino que confisca viviendas, fincas, cualquier tipo de bienes, así como pensiones de personas que han alzado su voz en contra de las graves violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y nadie está exento de que le apliquen cualquiera de estas medidas.

“El temor de que recuerden y apliquen la Ley de los Ausentes de los ochenta, esa es una posibilidad. No solo hay personas que han sido en los hechos confiscados, despojados de sus bienes y después las condenan en causa propia”, explican.

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Los abogados lamentan que en Nicaragua se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad “al peor estilo del somocismo y de otros tiempos de la antigüedad”, con leyes que no cumplen el orden constitucional, aprobadas al “estilo y semejanza” del régimen.

“Lamentablemente nada está seguro en el país, pueden cometer cualquier acto arbitrario que tengan pensado y esto genera riesgo para todas aquellas personas que son opositoras o que han alzado su voz en contra del régimen”, subrayan.

En la conversación con Nicaragua Investiga, el Colectivo de Derechos Humanos explicó que desde el exilio continúan documentando las arbitrariedades del régimen a través de denuncias, para fortalecer una memoria histórica que permita la reparación y no repetición de todas estas, así como el restablecimiento de las garantías constituciones y los tratados internacionales de los que el país es parte.