Un grupo de parlamentarios británicos alentó al Gobierno de Reino Unido y otros Estados impulsar investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen sandinista de Nicaragua que se han visto implicados en represión, incluyendo al dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Esto se revela tras darse a conocer este miércoles un informe de una investigación, titulada El silencio de democracia en Nicaragua, cuyo objetivo es considerar la situación del país y la creciente supresión de los derechos humanos e identificar pasos prácticos y significativos que se puedan tomar.
La investigación fue realizada por miembros del Parlamento británico, quienes escucharon y leyeron las experiencias de más de 70 testigos y expertos.
Lord David Alton, miembro de la Cámara de los Lores y quien dirigió la investigación, explicó que el informe deja claro que cualquiera que critique al régimen de Ortega-Murillo es un objetivo y víctima de “atrocidades” consideradas como “crímenes contra la humanidad”, por lo que “es necesario abordarlos como tal”.
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Quieren llevar caso de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia
En el informe llaman a “explorar las opciones de iniciar procedimientos, unilateralmente o conjuntamente con otros países, contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia”. Por otro lado, se menciona que de Reino Unido ha impuesto sanciones a varios funcionarios nicaragüenses por ser “autores de graves violaciones de derechos humanos”.
20 funcionarios sandinistas a sancionar
Pero los parlamentarios llamaron al Reino Unido a sancionar a otros funcionarios y sugirieron una lista de 20 nombres. Esta es la lista:
1.Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
2.Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua.
3.Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del TAM.
4.Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la República.
5.Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua.
6.Maribel del Socorro Duriez González, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
7.Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
8.Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes UCA).
9.Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
- Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Nacional Nacional.
11.Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional.
12.Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional.
13.Rosa Argentina Solís Davila, jueza del TAM.
14.Ángela Dávila Navarrete, jueza del TAM.
15.Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
16.Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF.
17.Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR).
18.Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector del DNR.
19.Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF).
20.Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
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Recomendaciones
En el informe extendieron recomendaciones para el gobierno del Reino Unido y otros Estados para apoyar la iniciativa, lanzada en julio de 2023 por 179 víctimas nicaragüenses y 29 organizaciones de derechos humanos.
El objetivo es crear un “Grupo de Amigos del Pueblo de Nicaragua”, para realizar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con la sociedad civil nicaragüense y otras partes interesadas, una estrategia para frenar los abusos, proporcionar caminos hacia la rendición de cuentas e impulsar elecciones libres y justas.
Además, trabajar con otros Estados para elevar la situación de los derechos humanos en el país en todos los foro regional e internacional.
Por otro lado, informar al Ministerio del Interior en relación con la situación de los derechos humanos en Nicaragua para ser considerado al revisar las solicitudes de asilo, proporcionar visas de emergencia a periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo de persecución, y brindar asistencia a los refugiados nicaragüenses en el Reino Unido a través de protección contra los riesgos.
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