Salir del país no es sinónimo de seguridad para los opositores nicaragüenses. Activistas de derechos humanos y disidentes del sandinismo denuncian que “el brazo largo” de la represión de Daniel Ortega los alcanza hasta Costa Rica.
En el marco de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se realizaron varios eventos paralelos, entre ellos, un foro denominado: “Represión transnacional, el caso de Nicaragua”.
Régimen sigue reprimiendo a la Iglesia denuncia una Comisión estadounidense
Durante ese evento se presentó un reportaje audiovisual en el que Zoilamérica Ortega Murillo, denunció que “no hay sensación más difícil que darte cuenta, que los tentáculos de quienes te persiguieron en tu país llegan hasta acá”, en referencia a cómo se siente siendo una refugiada en Costa Rica.
La hija de Rosario Murillo indicó que en ese país “existen” mecanismos de espionaje, pero asegura que están en completa indefensión.
“¿A quién acusamos? si el agresor no está visible, no lo va a estar. La contrainteligencia de los países autoritarios y con grupos militares opera de esa manera”, señaló.
Las fuertes declaraciones de Zoilamérica fueron secundadas por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde 2021. “Hemos sido objeto de espionaje, de vigilancia y de amenazas, y hemos tomado nuestras medidas para mantener también nuestra seguridad”, denunció.
Régimen ubica a Iván Acosta como asesor de Ortega ante organismos internacionales
Chamorro expresa que, aunque ciertamente hay una protección legal por parte del Estado costarricense para los refugiados, “también es cierto de que existe presencia y amenazas de grupos vinculados a la dictadura Ortega-Murillo, que incluso, en algunos casos han ejecutado atentados contra algunas personas”.
El caso más escabroso resultó ser el doble atentado en contra del opositor Joao Maldonado. El primer atentado ocurrió el 11 de septiembre de 2021. Hasta el día de hoy el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica no ha dado a conocer ningún informe ni mucho menos, a los responsables.
En enero de este año Maldonado fue víctima de un nuevo intento de asesinato. Al igual que la primera vez, las autoridades costarricenses no han informado nada en relación con las investigaciones.
OEA aprueba resolución contra dictadura de Ortega: ¿Qué podría pasar?
El Mayor en retiro Roberto Samcam asegura que “con la llegada de Valdrak Jaentschke, que trabajó en la dirección de guerra psicológica en los años 80, (…) se estaba hablando de organización de grupos” de espionaje y de crimen político.
Jaentschke fue nombrado ministro consejero con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Costa Rica en el año 2022 y según los opositores, es esa embajada la que se utiliza como guarida para los represores y espías.
Samcam asegura que lograron identificar a algunos oficiales de la Dirección de Información para la Defensa que operaban desde esa sede. “En algún momento llegaron a tener 22 oficiales sin cargo en el consultado (…) es evidente pues que son agentes”, indicó el exmilitar.
“La gente que viene de allá o que está en células aquí su principal misión es ubicar dónde vivís”, expresa Samcam.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + avala estas denuncias. Wendy Flores, vicepresidenta de esta organización da cuenta de “al menos una decena de casos de víctimas” que han atendido en los últimos años y que han sufrido “desde atentados, como el caso de Joao Maldonado, hasta asedios, amenazas y actos de vigilancia”.
¿Quién es y cómo Humberto Ortega pasó de compañero de armas a enemigo político de su hermano Daniel?
El profesor Gabriel Putoy, otro exiliado nicaragüense en Costa Rica, denunció que una persona a bordo de una motocicleta lo alcanzó y le advirtió que lo tienen vigilado en su casa, e incluso, citó los nombres de sus familiares para dejarle claro que está bajo amenaza.
A pesar de estas denuncias, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional informó al medio costarricense Delfino que “el Gobierno de Costa Rica garantiza la seguridad de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes. El caso del señor Maldonado es un caso puntual que es investigado por la instancia judicial correspondiente conforme lo dicta la ley y el Gobierno actuará conforme a los hallazgos de esta investigación».
La extradición, el otro método de la dictadura
En febrero pasado el opositor Douglas Gamaliel Pérez, un excombatiente de la Resistencia Nicaragüense fue extraditado desde Costa Rica a Nicaragua a petición de la policía del régimen. La dictadura lo solicitó vía Interpol atribuyéndole dos asesinatos. La extradición fue posible luego que Costa Rica rechazara una solicitud de refugio del detenido.
Otro opositor, Reynaldo Picado, también espera su extradición bajo el mismo mecanismo.
Daguer Hernández, abogado defensor de ambos detenidos dijo a Voces en Libertad que el proceso fue irregular porque “hubo una coordinación entre la policía de Costa Rica y la policía de Nicaragua para que ellos fueran detenidos y a partir de su detención se iniciara su proceso de extradición”.
Funes, protegido de Ortega, es condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero
El profesor Putoy, teme correr la misma suerte. Cuenta que, al intentar abrir una cuenta bancaria, estos se la negaron en tres ocasiones hasta que finalmente uno de los agentes bancarios le explicó las razones. “Me dijeron que cada vez que ellos metían mi nombre en el sistema se disparaba una alarma, entonces me preguntan qué cuál era el tipo de alarma, y me dijeron que yo tenía una orden de captura y que estoy siendo requerido por las autoridades acá en Costa Rica”. En enero le llegó su primera solicitud de la Interpol.
Wendy Flores dice que utilizar a la Interpol en contra de los opositores perseguidos pone en riesgo a los exiliados en este país y trata de limitar las acciones de denuncia de estos fuera del territorio nacional.
Jóvenes preocupados por el deterioro de la democracia en las Américas
Juan Carlos Arce, también abogado de este colectivo cuenta que debido a esta inseguridad y falta de protección de las autoridades muchos opositores y exiliados han decidido irse de Costa Rica.
“Yo creo que es una percepción generalizada entre la comunidad nicaragüense la falta de seguridad”, indica, y denuncia que de parte del gobierno tico hay poca beligerancia, y hasta displicencia en el abordaje de estos casos.
Dice que el caso de Joao Maldonado, sin respuesta a tanto tiempo de haber sucedido, representa una condescendencia al régimen y un mensaje indirecto de la impunidad de la que pueden gozar al atentar contra opositores en territorio tico.
“El régimen no tiene limites en su acción y ellos van a llegar hasta donde la comunidad internacional, o en este caso concreto, Costa Rica, se lo permitan”, advierte.
Se van contra la familia
Rafael Solís, expadrino de bodas de Daniel Ortega y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra exiliado en Costa Rica desde 2018. Asegura que decidió dejar de dar declaraciones a los medios de comunicación en las últimas semanas porque cada vez que lo hacía “había repercusiones” en contra de su mamá y de otros familiares dentro de Nicaragua y dice que esto es una forma de tenerlo “extorsionado” y “chantajeado”.
Ese tipo de represión es una de las estrategias más comunes usadas por el régimen. El Mayor en retiro Roberto Samcam denunció que a sus dos hijos mayores les fue prohibido ingresar a Nicaragua y que “a uno de ellos le prohibieron sacar su pasaporte nicaragüense”.
¿Cuánta energía consume la instalación de los 16 nuevos «arbolatas»?
El economista Enrique Sáenz recordó que, al no poder alcanzarlo físicamente, el régimen decidió aplicarle “muerte civil”, a través de un proceso ilegítimo de desnacionalización. Además, fue confiscado y despojado de por vida de sus derechos políticos, al igual que otros 315 nicaragüenses en febrero pasado.
El Subsecretario de la Oficina de Democracia y derechos humanos de Estados Unidos Enrique Roig, presentó un informe detallado sobre las estrategias de represión transnacional impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, destacando la negación de acceso a documentos públicos, incluyendo certificados de niños bajo tutela, uso indebido de los instrumentos internacionales de aplicación de la ley, vigilancia y acoso generalizado, tácticas de miedo e intimidación y esfuerzos para controlar la movilidad.
Redacción Central
