La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está utilizando las leyes sobre delitos cibernéticos y financieros, así como el registro legal de organizaciones sin fines de lucro y una ley sobre soberanía y autodeterminación, para perseguir a las comunidades religiosas y a los defensores de la libertad religiosa, denunció la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en una actualización sobre la situación de Nicaragua.
El informe señala que los dictadores nicaragüenses continúan «reprimiendo» a la iglesia católica «por su defensa de los derechos humanos arrestando, encarcelando y exiliando arbitrariamente a clérigos y laicos, y cerrando y confiscando la propiedad de las organizaciones caritativas y educativas católicas».
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Además, mientras intentan aferrarse al poder, Ortega y Murillo han estado utilizando tácticas similares para oprimir a las denominaciones protestantes, añade el escrito.
La Comisión también señala que el régimen Ortega Murillo «se ha resistido a cualquier escrutinio internacional de sus violaciones de la libertad religiosa, incluso retirándose de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expulsando al personal de la OEA de su territorio y negándose a cooperar con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nicaragua».
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Violaciones son «atroces»
Esta última documentación actualiza el Informe Anual de 2024, en el que la Comisión recomendó al Departamento de Estados de los Estados Unidos que designa a Nicaragua como «un país de especial preocupación», por «participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa».
Ortega y Murillo han atacado a la Iglesia católica desde abril de 2018, incluso antes, y le han congelado cuentas bancarias, ilegalizado organismos, y asediado, encarcelados y expulsado y desterrados a 222 religiosos católicos, entre sacerdotes, monjas, seminaristas y otros.
Redacción Central
