El economista y ex reo político desterrado a Estados Unidos, Juan Sebastián Chamorro, explicó lo que hay detrás del anuncio que dio el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la nueva reestructuración en las instituciones públicas y medidas de ahorro. Según él, se viene una purga en el Estado de Nicaragua y se podrían ver despidos por aquellos que no son totalmente leales al partido Frente Sandinista.

Chamorro manifestó que algunas personas creen que se debe a una reducción en los ingresos tributarios, pero en la ejecución del presupuesto general de la república de 2024, no se nota una caída en los ingresos, sino que ha habido un aumento en estos del 17.5 por ciento.

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El economista, quien fue funcionario del Ministerio de Hacienda en gobiernos liberales, expone que la dictadura pretende “purgar a todas aquellas personas que no son cien por ciento leales al partido”.

“Quieren inventar este cuento de la mayor y mejor eficiencia del Estado para correr gente que no es de ellos”, reiteró Chamorro, luego que la dictadura emitió un comunicado el pasado 2 de agosto informando sobre la implementación de un proceso de reestructuración en las instituciones del Estado, que según dicen, se genera como resultado de la evaluación de los programas gubernamentales al cierre del primer semestre del 2024, donde identificaron “tanto aciertos como desafíos”.

¿Qué dice el comunicado emitido días atrás?

El comunicado especifica que como parte de esa evaluación se procederá a “valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos”, por lo que se ejecutará un “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

“Ya se habían preparado con las reformas a la ley de indemnizaciones que tiene que tener (un trabajador del Estado) 20 años para que te paguen los seis meses (de liquidación)”, recordó Chamorro.

El año pasado el régimen sandinista aprobó una nueva “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, en la que se establece el derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio. 

Si los empleados públicos trabajan entre tres y diez años, tendrán derecho a un mes de salario; si trabajaron de 10 a 15 años, serían dos meses de salario; si lo hicieron de 15 a 20 años, tres meses de salario; y si trabajaron 20 años o más, recibirán los cinco salarios.

El abogado Danny Ramírez-Ayerdiz comentó que esta ley afecta a los trabajadores y busca “a los trabajadores del Estado al dominio, el control y la vigilancia total de Daniel Ortega y la vocera gubernamental”. 

Más control en la chequera

La otra explicación de Juan Sebastián Chamorro sobre la restructuración en el Estado, se debe a que el régimen “quieren tener más control de la chequera”.

“Ahora, todas las contrataciones públicas tienen que pasar a ser supervisadas por la vice-dictadora. Esto se debe obviamente a los innumerables casos de corrupción que se han venido dando y que ahora la vice-dictadora quiere tener mayor control de ello”, reiteró Chamorro.

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En los últimos meses se ha conocido de despidos y destituciones a funcionarios públicos por cometer corrupción no autorizada por el régimen.

Chamorro añadió que, si un funcionario público que no es cien por ciento leal a todo el partido, que no ha ido a alguna marcha, que no ha dicho ninguna expresión a favor del régimen, muy probablemente va a ser corrido en las próximas semanas. 

“Van a ser miles de personas las que van a engrosar el ejército de desempleados de ahora en adelante”, concluyó.