La incertidumbre y el caos dentro de las instituciones del Estado continúan, no solo por una ola de despidos de trabajadores y destituciones y renuncias de ministros, sino que a eso se suma un comunicado emitido por el Ministro de Hacienda Bruno Gallardo, quien ha informado que «quedan congeladas todas las plazas vacantes y nueva contratación de personal a partir del 07 de agosto de 2024 de todas las nóminas de las entidades y organismos del sector público».

Gallardo explica que «se podrá contratar nuevo personal», solamente que se haga una solicitud formal debidamente justificada y que «cuenten con la autorización de la Presidencia de la República», lo que se interpreta como un esfuerzo por restarle atribuciones de contratación a los ministros y directores de entidades estatales y dejarle esa tarea exclusivamente a Rosario Murillo, quien se hace cargo directamente de las funciones de la Presidencia de la República.

El régimen de Ortega anunció recientemente la implementación de un plan de restructuración en en el Estado mediante el cual se procederá a “valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos”, por lo que se ejecutará un “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

Ola de castigo a sus militantes

Este proceso de «restructuración», se da en medio de una ola de castigos del Frente Sandinista a sus figuras más leales y cercanas. Como el caso de la magistrada Alba Luz Ramos, destituida junto a una enorme cantidad de familiares y amigos que formaban un circulo de privilegios en la Corte Suprema de Justicia.

La caída del Ministro de Hacienda Iván Acosta, del Director de la Empresa Portuaria Nacional Virgilio Silva, de la Viceministra de relaciones exteriores Arlette Marenco, con la que se desencadenó «una barrida» de personal en ese ministerio, o la baja deshonrosa del jefe de escoltas de Daniel Ortega, Comisionado General Alberto Acuña.

«Muchos de los despidos o “renuncias” del Estado acompañados de detenciones, es por el solo hecho de haber insinuado querer retirarse. ¿es que alguien no ha entendido como es salirse de la mafia? Menos mal que algunos lo saben, y huyen o siguen ahí por “seguridad”, dijo en sus redes sociales el exfuncionario judicial Yader Morazán.

Actualmente hay más de 200 mil empleados públicos, incluyendo los trabajadores de las alcaldías y entes descentralizados.