Las capturas realizadas por el Ejército en contra de opositores del Gobierno, incluso la más reciente detención del asesor presidencial Steadman Fagot Müller, tras denunciar la complicidad de esta institución en la venta de tierras indígenas, confirma que esta entidad es un eslabón clave de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo advierten expertos en temas de seguridad y un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, quienes coinciden en afirmar que esta institución no debe realizar operaciones de seguridad ciudadana, porque no es parte de su misión ni de sus funciones.
El mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam, afirmó que la institución castrense no está facultada para realizar labores de captura en contra de civiles, las cuales corresponden únicamente a la Policía.
Detienen a asesor presidencial Steadman Fagot tras señalamientos al Ejército
“No está facultado, a menos que fuese un delito in fraganti y que esté en riesgo la soberanía nacional. Es decir, grupos armados que estén cruzando la frontera, pero no es el caso y tampoco hay pruebas fehacientes que vinculen a Fagot con el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo Samcam.
«Es el mismo caso de cuando capturaron al coronel (Carlos) Brenes”, recordó el militar en retiro.
Carlos Brenes, coronel en retiro del Ejército, fue detenido en 2018 por militares en la frontera de Peñas Blancas, acusado de participar y “perpetrar actos de terrorismo”, en las manifestaciones que iniciaron en abril de ese año.
Otros de los arrestos realizados por el Ejército de Nicaragua en contra de opositores del régimen de Daniel Ortega, son el de los jóvenes Hader Gonzáles Zeledón y Cristian Meneses Machado, capturados en 2020 y quienes permanecieron en prisión hasta febrero de 2023, cuando fueron desterrados por la dictadura a Estados Unidos.
“Ejército debería estar enfocado en amenazas externas”
El politólogo Javier Meléndez, fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cancelado por el régimen en 2018, considera que los cargos que el Ejército señala en contra de Fagot, vinculados al crimen organizado y narcotráfico, deberían ser investigados por la Policía y el Ministerio Público, pero esto no ocurre porque no existe un Estado de derecho.
“El Ejército debería estar enfocado en amenazas externas y no en perseguir la disidencia interna. No es un Ejército, es una Guardia Nacional”, señaló el especialista.
Otro experto en temas de seguridad que prefirió el anonimato considera que las declaraciones de Fagot en contra del Ejército molestaron a la pareja presidencial y que su captura es una represalia por haber dicho algo que no se alinea con el régimen.
“La actuación del Ejército se apega al alineamiento político que ha mantenido hasta ahora respecto a los Ortega-Murillo, respaldando la dictadura dinástica y actuando al margen de la ley. Es un acto más en el que se desacredita como institución y se compromete más con la dictadura”, dijo la fuente.
Concentración de los poderes públicos
El pasado 10 de septiembre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su última actualización, informó que han podido establecer que “la concentración de todos los poderes públicos en las manos del Presidente y de la Vicepresidenta sigue endureciendo, particularmente, respecto al poder judicial”.
También que “se instrumentaliza cada vez más el Estado en su conjunto, incluso con el apoyo de elementos paraestatales”.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, destacó en su presentación que “hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”.
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