La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dará a conocer su sentencia sobre la demanda de los pueblos Rama y Kriol, las comunidades de Monkey Point y Negra Creole de Bluefields, contra el Estado de Nicaragua, por la concesión y el proyecto fallido del canal interoceánico de Nicaragua, aunque la ley haya sido derogada.
En un comunicado publicado este martes por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), informó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que la Corte-IDH dará a conocer la lectura de la sentencia del caso el próximo 18 de noviembre de 2024 a las 13:00 horas en su sede en Costa Rica. Calpi detalló que la Corte-IDH deliberó su sentencia durante el 165 Período Ordinario de Sesiones, realizado del 7 al 22 de marzo de 2024.
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La derogación de la Ley 840 que otorgó la concesión canalera al desaparecido empresario chino, Wang Jing y la reforma a la Ley 800, del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, son algunas de las solicitudes en la demanda ante la Corte-IDH, ya que no fueron consultadas con el pueblo Rama y Kriol, las comunidades de Monkey Point y Negra Creole de Bluefields.
Según Calpi, los demandantes alegan que el Estado de Nicaragua presionó al presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol, haciéndolo firmar con falta de consentimiento libre e informado, un supuesto convenio que le otorgaba ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra indígena a la autoridad del gran canal.
Las otras denuncias escuchadas de Calpi
Como parte de las denuncias interpuestas por Calpi, el Estado de Nicaragua impuso un gobierno paralelo al legalmente constituido por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, “abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional” y en violación al debido proceso legal, entregó al gobierno paralelo siete por ciento de la tierra, dejando fuera 93 por ciento reclamada originalmente por la misma comunidad.
Las autoridades indígenas y afrodescendientes consideraron esencial el sometimiento del caso a la Corte-IDH por la falta de remedios internos efectivos en el sistema judicial nicaragüense, ya que entre 2012 y 2020 las autoridades de estos pueblos presentaron 20 recursos de amparo, sin ser amparados en ninguno de ellos por el Poder Judicial.
Ante esto, ellos pidieron que ante la falta de incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua y de no actuar de buena fe, interpusieron la denuncia internacional.
Calpi manifiesta que el Estado de Nicaragua está “comprometido internacionalmente a proteger y garantizar la integridad física, psíquica y moral de los miembros y autoridades, personas defensores de los derechos humanos de estos pueblos y de la protección de sus territorios”, sin discriminación alguna. También demandan que se debe “reparar los daños que les han sido causados y a garantizar la no repetición de los actos violatorios de sus derechos humanos”.
El 8 de mayo de 2024, el régimen envió a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, a reformar urgentemente las dos leyes vinculadas al canal interoceánico, para cancelar la concesión que tenía con su aliado chino Wang Jing, desaparecido desde hace muchos años y recientemente reconocido como un “estafador”, demostrado por la quiebra de su empresa Xinwei y de haber sido expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái.
Este proyecto representaba un gasto innecesario para el Presupuesto General de la República. En la partida de las asignaciones y subvenciones, se reflejaba que una “Comisión” considerada como fantasma, consumía siete millones de córdobas cada año. Hasta hoy no hay informes de cómo se gastaron esos recursos.
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