En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), este miércoles 13 de noviembre de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defendió el despojo arbitrario de la nacionalidad a opositores y excarcelados políticos.
Carmen Rodríguez, delegada de la Procuraduría General de la República, justificó el destierro de 357 nicaragüenses y la pérdida de la nacionalidad de otros 94, a través de la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2023, que fue aplicada de forma retroactiva a los 222 excarcelados políticos que fueron enviados al exilio, principalmente a Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos desmienten a la dictadura
Rodríguez defendió las acciones del Estado nicaragüense basándose en la reforma a la Constitución y en leyes aprobadas por la dictadura, tales como la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Sin embargo, estas reformas han sido cuestionadas por su inconstitucionalidad, ya que violan principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el derecho a la nacionalidad y la protección frente a la expulsión arbitraria.
Hasta septiembre de este año, la dictadura de Ortega ha despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores, activistas y periodistas, muchos de los cuales fueron arrestados y luego desterrados tras ser excarcelados en condiciones precarias.
La aplicación retroactiva de la reforma constitucional, que afecta a personas que ya habían sido excarceladas bajo el régimen, ha sido utilizada como una justificación para el exilio forzado de aquellos que se oponen al régimen.
Represión sistemática del régimen
En la misma sesión ante la ONU, se abordaron otras preocupaciones sobre la represión sistemática a opositores y la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro.
En respuesta a cuestionamientos de Bélgica y Estados Unidos sobre el despojo de nacionalidad, Rodríguez justificó que las acciones del régimen estaban dentro del marco legal, ignorando los llamados internacionales a revisar las reformas y leyes que han sido usadas para perseguir a disidentes políticos.
En cuanto a los recientes arrestos de los diputados del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, la delegada María Elsa Frixione también negó las acusaciones de represión transnacional.
A pesar de las evidencias presentadas en informes internacionales sobre la persecución de nicaragüenses fuera del país, el régimen de Ortega rechazó toda responsabilidad en lo que calificaron como «intentos de intromisión en asuntos internos de Nicaragua».
Por su parte, Brasil reiteró su preocupación ante la ONU por la situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente por la cancelación de personerías jurídicas y la represión a minorías, en particular los pueblos indígenas.
El representante brasileño destacó la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de la violencia y persecución, y pidió la derogación de las leyes que permiten el despojo de la nacionalidad, reforzando la crítica internacional al régimen de Ortega.
El informe final del EPU, se emitirá el próximo viernes 15 de noviembre , el cual expondrá los avances de Nicaragua en cuanto a las recomendaciones de ciclos anteriores, mientras la comunidad internacional sigue esperando respuestas más concretas por parte del régimen de Ortega para poner fin a las violaciones de derechos humanos y el cierre del espacio cívico.
Las mentiras del régimen en el EPU
En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó un informe oficial que distorsiona gravemente la realidad del país.
En su relato, describe a Nicaragua como un «paraíso de bienestar y prosperidad», asegurando que el país es un «oasis de paz, seguridad y concordia».
Sin embargo, organizaciones opositoras y organismos internacionales, como el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, han refutado estas afirmaciones, denunciando un contexto de represión, violencia, y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos encarcelamientos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de la disidencia.
Una de las principales falacias presentadas por el régimen es la supuesta disminución de la tasa de desempleo, que, según su informe, se ubica en un 3.4%.
Sin embargo, la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica refuta este dato, señalando que más del 75% de la población trabajadora en Nicaragua se encuentra en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni seguridad social.
Además, más del 50% de la fuerza laboral está en situaciones de subempleo o desempleo, o se encuentra trabajando sin remuneración. Esta contradicción resalta cómo el régimen oculta la verdadera precariedad laboral y el impacto de la crisis económica en la vida de los nicaragüenses.
Otro punto que el régimen ha omitido en su informe es el papel crucial de las remesas en la economía nicaragüense.
El gobierno presenta una imagen de crecimiento económico, pero no menciona que el envío de remesas desde nicaragüenses en el exterior ha pasado de representar el 13% de la economía en 2019 a casi el 30% en 2024, convirtiendo a Nicaragua en el país de América Latina más dependiente de este recurso.
Esta omisión manifiesta la desconexión del régimen con la realidad económica y social del país, donde el exilio forzado y las dificultades internas han obligado a millones de nicaragüenses a depender de remesas para sobrevivir.
Mientras el gobierno sigue presentando una imagen de estabilidad, organizaciones como la Coalición Nicaragua Lucha han denunciado que el régimen utiliza informes «poco creíbles y contrarios a la realidad» para ocultar las violaciones masivas de derechos humanos que continúan ocurriendo en el país.
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