Las nuevas reformas a la Constitución Política de Nicaragua es considerada «despótica» por eliminar la forma de gobierno y en su lugar instaurar un supuesto “Estado Revolucionario”, con la ideología sandinista impulsada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el nuevo paquete de reformas, declaran que el Estado de Nicaragua se fundamenta en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias. Ordenan que se debe reconocer como héroes a Tomás Borge, Rigoberto López Pérez, Carlos Fonseca, Julio Buitrago, Leonel Rugama, Fidel Castro, Hugo Chávez y José Martí, entre otros.
“La República de Nicaragua es un Estado Revolucionario, libre, soberano e independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonista de la democracia directa”, dice el artículo 6.
En la Constitución actual se caracterizaba en ese artículo que “Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible”. En el artículo 7 reformado impone que el poder revolucionario lo ejerce supuestamente el pueblo de forma directa.
“Nicaragua no es un Estado revolucionario ni existe el poder revolucionario”, denunció el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh). “Rechazamos esta pretensión de ubicar a cientos de miles de nicaragüenses que no sienten ni se sintieron parte de la revolución”.
Calid afirma que el poder revolucionario es una “figura ficcional, que asegura la represión, la vigilancia y el espionaje que ejercen los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en barrios, territorios y comunidades del país”.
La bandera del FSLN es declarada símbolo patrio nacional
En el artículo 12 dice que el departamento de León es la capital de la revolución nicaragüense. Antes se establecía que la ciudad de Managua es la capital de la República. Entre los símbolos patrios se establecen las banderas de lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino, de la Revolución Popular Sandinista y la bandera rojinegra.
“El Estado no puede someter, interponer ni distorsionar a los símbolos patrios cuya existencia en un régimen democrático es que la sociedad sienta en ellos una identidad común por encima de cualquier poder político. Rechazamos este abuso en contra de los nicaragüenses, su identidad e historia”, apuntó Calidh.
“Constitución despótica. Solamente así podemos definir la nueva Constitución que entrará en vigencia en Nicaragua el próximo año, eliminando la forma de gobierno como la conocemos formalmente, la separación de los poderes del Estado pasan a ser estos órganos bajo la coordinación de un co-dictadura”, catalogó Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político y desterrado en Estados Unidos.
El artículo 56 lo reformaron para agregar que el Estado prestará atención especial a las y los discapacitados por cualquier causa para su rehabilitación física, psicosocial y profesional, y a familiares de héroes y heroínas en defensa de la revolución.
Actualmente se lee así: “El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general”.
Declaran al Ejército heredero de Sandino
En el artículo 92 declaran al Ejército de Nicaragua como heredero directo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del General Augusto C. Sandino y del Ejército Popular Sandinista, y le atribuyen que “es el pueblo mismo uniformado y organizado para defender la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial”.
“Debemos estar consciente que esta violación constituye la más flagrante violación de los derechos porque se trata de la Carta Magna. No es normal, no debemos aceptar de que porque está ocurriendo en la práctica”, añadió Chamorro.
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Los diputados sandinistas informaron que se trabaja en una supuesta reforma parcial, pero son al menos 100 artículos los que se cambiarán.
“Es una reforma total porque viene a cambiar todo el orden constitucional de Nicaragua”, explicó Haydée Castillo, activista nicaraguense en el exilio. Las reformas serán aprobadas en la primera legislatura de 2025 y podrían ser aprobadas sin mayores cambios, ya que el Legislativo está controlado por el oficialismo.
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