Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y aliado cercano del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, defendió en una reciente entrevista con un medio oficialista la inclusión de los grupos paramilitares bajo la figura de «policía voluntaria» en la nueva Constitución Política de Nicaragua, argumentando que necesitaban “toda la fuerza jurídica” para actuar.
“Mientras existe imperialismo, mientras existan enemigos de los proyectos que buscan cómo mejorar la vida del pueblo, van a haber intentos criminales, asesinos, son intentos como ya vivimos recientemente y va a haber necesidad de que el pueblo tenga defensa”, afirmó Porras, justificando así la institucionalización de estos grupos armados que el régimen ha utilizado desde 2018 para reprimir a la población, en el contexto de las protestas civiles que iniciaron en abril de ese año.
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En palabras de Porras, los grupos paramilitares a los que el régimen llama policía voluntaria ha sido muy «atacada y vilipendiada”, por lo que el cambio constitucional busca legalizarlos a la par de las fuerzas policiales y armadas.
Pero también explicó que “se crea la reserva patriótica del Ejército para todos aquellos retirados que quieran incorporarse voluntariamente, pero también para los ciudadanos que voluntariamente estén dispuestos a defender la soberanía del país”; aunque ningún artículo del documento de reformas se refiere a la reserva militar que planteó el funcionario como parte de su discurso para infundir temor a quienes se atrevan a levantar la voz en contra del régimen.
Consolidación del poder militar y paramilitar
La nueva Constitución diseñada por el régimen entrega al Ejército de Nicaragua un papel central en la represión, al eliminar la necesidad de consultar a la Asamblea Nacional para ordenar despliegues militares.
Según el nuevo artículo 92, el Ejército, bajo la dirección de la Presidencia de la República, puede intervenir en conflictos internos sin autorización legislativa, consolidando el poder de Ortega como jefe supremo de las fuerzas armadas.
Adicionalmente, el artículo 94 establece que el Ejército puede intervenir en apoyo de la Policía Nacional “cuando se considere necesario para mantener la estabilidad de la República”.
Esto refuerza la militarización de la seguridad pública, en un contexto donde la estabilidad ha sido interpretada por el régimen como la eliminación de cualquier oposición política.
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El miedo institucionalizado
Para los nicaragüenses, esta reforma no solo significa la militarización de la vida cotidiana, sino también la institucionalización del miedo.
Los nicaragüenses, tanto críticos como los que apoyan a la dictadura, enfrentan un panorama en el que cualquier protesta o disidencia puede ser sofocada por fuerzas militares o paramilitares con aval constitucional.
La eliminación de autorizaciones legislativas para despliegues militares, combinada con la legalización de la policía voluntaria y la reserva patriótica a la que se refirió Gustavo Porras, configura un Estado donde la represión se justifica como “defensa de la soberanía”.
En este contexto, la reforma a la Constitución marca un retroceso alarmante para los derechos humanos en Nicaragua. El régimen ha institucionalizado el uso de la fuerza como respuesta a la oposición, dejando a la población en una posición de vulnerabilidad extrema ante un aparato estatal armado que opera sin límites ni contrapesos.
La nueva Constitución no solo consolida el control de Ortega sobre todos los poderes del Estado, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y represión que ha definido su mandato desde 2018, dejando claro que la estabilidad que busca el régimen es, en realidad, el silencio impuesto por la fuerza.
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