La semana pasada la Superintendencia de Bancos autorizó una reforma a la normativa del sistema financiero. Esta permite a los bancos acordar nuevas condiciones crediticias temporales.
Los clientes que no puedan pagar sus deudas a causa de la crisis económica generada por el Covid-19 pueden solicitar un alivio.
Los beneficiarios serían aquellos clasificados en la cartera A o B, es decir, los que históricamente han cumplido a tiempo sus obligaciones.
FUNIDES hizo una análisis profundo de la nueva normativa. Aunque considera que esta «va por el rumbo correcto», también indica que «no es tan buena como pudo haber sido».
FUNIDES explica que la normativa presenta unas restricciones que podrían limitar la cantidad de beneficiarios.
Bancos deben entregar monto por beneficiarios
Aunque la SIBOIF autoriza a los bancos a otorgar un período de gracia de hasta seis meses a los clientes sin afectar la calificación de los mismos. Para los bancos no todo se mantiene igual.
«Dado que el cliente no desmejora su calificación, el banco no debería establecer provisiones adicionales en la medida que el cliente no pague porque está cubierto por la norma», indica FUNIDES, sin embargo no es lo que sucede con la actual disposición.
Bancos deben poner como respaldo un porcentaje de la cartera que será beneficiada con normativa. Foto: NI
Los bancos están obligados por ley a aprovisionar una parte de su cartera para respaldar los créditos que no logra recuperar.
«Aunque el banco no tiene que aprovisionar porque el cliente no está desmejorando su calificación de crédito, sí debe consentir una reserva patrimonial y aquí viene el problema (…) el banco tiene que poner como parte de esta reserva entre un 20 y un 30% de la cartera que está siendo beneficiada por la norma», explica FUNIDES.
«O sea que en otras palabras es como si estuviesen aprovisionando», explica la entidad experta en temas sociales y económicos.
Considera demás que es una provisión «realmente cara; 20% si el banco es relativamente pequeño, es decir si tiene menos del 15% de la cartera total del sistema financiero y para los bancos grandes es el 30% «.
«Esta restricciones sí crea un desinsentivo para incluir personas dentro de este programa dado que le resulta caro a la banca», indica FUNIDES.
La entidad ejemplifica que sin esta restricción de diez clientes todos pudieron verse beneficiados, pero con esta obligación, los bancos podrían decidir incluir solo a tres o cuatro personas, dado que sale costoso para ellos.
Además son los bancos los que toman la decisión plena de a quién beneficiar, no lo hace la Siboif, ni el Banco Central, lo que pone a los bancos en la disyuntiva de elegir entre endeudarse ellos o beneficiar a un cliente.
«Esta normativa fácilmente pudo haber sido mucho mejor y el gobierno está poniendo una barrera para alcanzar ese punto óptimo de beneficiarios», indica FUNIDES.
Señala también que en otros países de Centroamérica no hubo este tipo de restricciones.
De tal forma que esta normativa no tendrá el alcance suficiente como para aliviar la economía nacional.
Medidas tardías, economía más hundida
FUNIDES señala que el gobierno de Nicaragua «ha reaccionado extremadamente lento a la catástrofe económica y de salud pública que nos envuelve como país».
Es luego de tres meses de pandemia que inicia pequeños incentivos.
Contrario a otros países de la región que iniciaron en marzo o a inicios de abril, lo que les ha permitido un menor impacto económico.
«Se necesitan mucho más políticas para defender la economía en estos momentos», indica FUNIDES.
Pero también señala que no importa lo que haga a escala económico si no se hacen esfuerzos por contener la crisis.
«Mientras el Covid-19 siga regándose en el país aquí vamos a mantener la economía deprimida», advierten.
«El gobierno sigue incentivando eventos de aglomeración, lo cual sigue propagando el virus, el gobierno en vez de hacer un papel de protección ha funcionado a la inversa», señala la entidad.
Foto principal: Nicaragua Investiga / Referencial
Nicaragua Investiga
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