Este 17 de julio, Día de la Alegría en el país, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Juan Carlos Ortega es dueño y representante del Canal 8 de Nicaragua y de Difuso Comunicaciones S.A. El hijo de la pareja presidencial compró dicho canal por una cantidad de 10 millones de dólares.
Difuso cuenta con equipos de grabación de última tecnología como cámara de cine y drones. De hecho, es la única empresa que puede hacer uso de drones en el país restándole la competitividad a otras compañías publicitarias.
Juan Carlos Ortega creó un acaparamiento mediante Difuso para que las instituciones liciten únicamente con esta empresa de publicidad cualquier tipo de contrataciones. En la parte trasera del transporte públicos del país se cubre de publicidad gubernamental elaborada por Difuso.
Nicaragua Investiga comprobó que las tarifas varían por el espacio que van de $250 hasta $940.
«Cualquiera que quisiera contratar el servicio siendo una persona particular o siendo del Estado tenía que canalizarlo a través de Difuso», dice Dayra Valle, especialista en contrataciones públicas de Transparencia Nicaragua.
Agrega que esto genera que no existe competencia empresarial en el país. Además lo considera como violatorio a la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 737) porque viola el principio de competencia e igualdad que debe existir entre los potenciales proveedores en el país.
Sanciones golpean a los negocios de la familia presidencial
En el 2018, 14 senadores estadounidenses había solicitado aplicar la Ley Magnitsty sancionar a Juan Carlos Ortega y Laureano Ortega, quienes eran señalados por violaciones de crímenes de violaciones a los derechos humanos.
El investigador y sociólogo Óscar René Vargas dejó claro que la sanciones son directas a individuos y empresas familiares. «No son sanciones a Nicaragua», aclara.
Vargas enfatiza que estas nuevas sanciones son al círculo íntimo del poder de Ortega, que a su vez, golpea a un familiar de la pareja presidencial y las empresas que son propiedades que están vinculado con la familia del presidente.
«Esto es un golpe importante a uno de los pilares del sistema. Evidentemente van a tener repercusión en la política nacional y en las políticas que Ortega vaya a implementar a partir de ahora», puntualizó Vargas.
De acuerdo al criterio del experto, las sanciones vienen siendo parte de un proceso de implosión en el sistema. Los efectos pueden ser internos dentro del sistema; o bien, golpes externos que implosionan el sistema interno.
Difuso pasa por encima de la Ley de Contrataciones Públicas
La investigadora Dayra Valle dijo a Nicaragua Investiga que Difuso estaba dentro del régimen de prohibiciones para poder participar en cualquier tipo de contrataciones.
Valle aclara que mediante la Ley 737 (Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público), en el artículo 18, prohíbe contrataciones para cualquier persona que tenga parentesco directo con la pareja presidencial.
«En este caso el de Juan Carlos con su parentesco directo con el presidente y vicepresidenta de la república estaba prohibido para realizar contrataciones», dice valle. Agrega que el hijo del presidente no podía participar en contrataciones públicas.
«En revisiones que hemos realizado de manera exhaustiva utilizando el portal Nicaragua Compra (SISCAE) que se había adjudicado de hace algunos años contratos desde cuantías menores hasta contratos bastantes millonarios», dice como parte del círculo de negocio de Juan Carlos Ortega.
El artículo 18 de dicha ley establece que, no podrán ser proveedores del Estado, ni celebrar contratos con los organismos y entidades del sector público quienes sean cónyuges o pareja en unión de hecho estable, o se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad o primero de afinidad.
«El cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos cubiertos por las prohibiciones contempladas en la presente Ley», dice como una de las prohibiciones que aplica para Juan Carlos Ortega.
Fachada de Canal 8 adquirido por Juan Carlos Ortega
Movidas de fichas para seguir operando
Óscar René Vargas asegura que debido a las sanciones tendrán que quitar las relaciones comerciales o empresariales que tienen con Difuso. «No tienen de otra, o se pueden contaminar las empresas estatales», agrega, y dice que se tiene que esperar para ver qué sucede con Difuso.
Vargas manifiesta que el mismo proceso que se conoció con las gasolineras del país cuando fue sancionado Rafael Ortega, quien era directivo de los derivados del petróleo DNP Petronic, tuvo que nacionalizarse por las medidas coercitivas a su dirigente.
La opinión de Dayra Valle es que se muere la personería jurídica y se crea una nueva con otro nombre diferente pero con el mismo servicio y el mismo conglomerado.
«Hay que darle seguimiento porque posiblemente perseveren en la idea de seguir brindando el servicio a través de otra personería jurídica y presentarse en los proceso licitatorios o contrataciones utilizando el trafico de influencia», dejó claro la investigadora.
Juan Carlos Ortega se convierte en el cuarto miembro de la familia presidencial en ser sancionado por Estados Unidos. Anteriormente, el Departamento del Tesoro ya había sancionado a su madre Rosario Murillo y a sus hermanos Laureano y Rafael Ortega, así como empresas que estaban a cargo de este último.
Nicaragua Investiga
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