Nicaragua ¿el país más seguro de Centroamérica?

• Primera entrega

Por mucho tiempo Nicaragua ha sido a viva voz de sus habitantes y de quienes la han visitado, el país más seguro de Centroamérica. El sitio del istmo centroamericano donde se salía a cualquier hora de la noche y se regresaba con tranquilidad a casa; donde se podía emprender sin temor a ser víctima de extorsión, víctima de robo con violencia o terminar haciendo parte de las estadísticas delictivas en alguna de sus formas.

De manera que, el perfil de seguridad ciudadana ha sido por mucho tiempo un poderoso activo que en su momento atrajo importantes flujos de inversión extranjera, representó un salvoconducto para recibir a brazos abiertos a turistas extranjeros y, sobre todo, fue razón de orgullo para sus ciudadanos.

Lamentablemente, la bandera de seguridad ciudadana que por mucho tiempo se ha ondeado, podría encontrarse próxima a convertirse en un mito más del ideario colectivo nicaragüense, como aquel que reza que poseemos “las mejores carreteras de Centroamérica” o que contamos con “la red hospitalaria más grande de Centroamérica”. Así, “el país más seguro de Centroamérica”, que aún en términos relativos lo sigue siendo, parece estar caminando presuroso por ubicarse en algún puesto más cercano a los que se sitúan en la cima del ranking de criminalidad.

Cómo estábamos y cómo estamos en materia de seguridad ciudadana

En el 2015 el Índice Global de Criminalidad[1] ubicó a Nicaragua en el puesto 85 de 147 países en el mundo, figurando como el país más seguro de Latinoamérica (entre más cercano se está del puesto 1, más violento es el país). Sí, no sólo fue el país más seguro de Centroamérica, también de América Latina entera o para ser más preciso, el menos inseguro.

Hasta acá todo marchaba bien, pero si hay algo que está demostrado en la historia, es que las sociedades cambian, fluctúan, responden cual organismo vivo a los estímulos del medio. Entonces, llegamos a la mitad de 2020 y ahora nos ubicamos en el puesto 61 del índice Global de Criminalidad, es decir, hemos retrocedido 24 peldaños en seguridad ciudadana en menos de 5 años.

Policía asegura que solo hay cuatro pandillas en Nicaragua

Se dice popularmente que “la paz es la ausencia de guerra” (inclúyase conflictos civiles, de grupos organizados y violencia paraestatal), por lo cual, si queremos observar el fenómeno desde otro prisma y en vez de preguntarnos: ¿Cómo estamos con la violencia en el país?, podríamos perfectamente cuestionarnos: ¿Cómo estamos en términos de paz en el país? ¿Cuánta paz se vive?

Para responder esto, nos remitiremos al Índice de Paz Global[2] que publica el Institute for Economics and Peace y el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney, junto a expertos de diversos think tanks e institutos para la paz[3]:

• En 2014 (con información de 2013) nos ubicamos en el puesto 58 de 162 países en el ranking. Para entonces ostentábamos el título de una de las regiones más segura de toda América Latina.
• En 2018 (con información de 2017) nos ubicamos en el puesto 68 de 163 países en el ranking.
• En 2019 (con información de 2018) nos ubicamos en el puesto 120 de 163 países, con una variación negativa de 52 peldaños. La variación más alta en todo el mundo, sólo seguida por Burkina Faso, con una variación de 24, ubicándose en el puesto 104 y de Marruecos con una variación de 19, posicionándose en el puesto 90.
• Finalmente, en 2020 (con información de 2019) nos ubicamos en el puesto 135 de 163, con una variación de 15 peldaños.

En síntesis, pasamos en unos cuantos años del puesto 58 al 135, retrocediendo 77 lugares, lo que representa una caída de 132 por ciento en el índice. Por correlación esto se traduce en un mayor nivel de delincuencia, crimen, corrupción, inseguridad, menos transparencia, menos democracia, un Estado de Derecho más débil, menor institucionalidad y no menos importante, una visión menos atractiva del país para mantener y atraer futuros flujos de inversión extranjera.

Hace unos años hablar de inseguridad en Nicaragua hubiese tomado una connotación exagerada o habría resultado anticlimático, tomando en cuenta las estadísticas de entonces. Hoy, es todo lo contrario, llevar el tema a la mesa de discusión podría suponer un factor de cambio oportuno. Pero, para abordar el tema con puntual interés, primero debemos entender: ¿a qué podría atribuirse este aumento de delitos y criminalidad? y ¿qué representa esto para la economía del país?

En el 2015 el Índice Global de Criminalidad ubicó a Nicaragua en el puesto 85 de 147 países en el mundo. Foto: Nicaragua Investiga

Posibles causas del aumento de los delitos y criminalidad

Existe multiplicidad de causas y muchas de estas se nutren mutuamente y es importante resaltar que ninguna variable explica por sí sola la criminalidad, unas poseen mayor incidencia que otras y en gran medida las condiciones culturales y socioeconómicas de cada país juegan un papel particular. Pero, para abordarlo en líneas generales, distintas investigaciones nos indican prestar especial atención a los siguientes factores:

• 1. Condiciones Económicas

Desde la perspectiva del análisis económico del delito, este se da porque existe un mercado y en este mercado hay agentes, bienes, incentivos, costos y beneficios esperados. Por lo cual, cada persona se enfrenta primero a la decisión de determinar cómo participar en esta dinámica; desarrollando actividades delictivas o desarrollando actividades productivas.

Y es acá donde las condiciones socioeconómicas juegan un papel relevante. Pero, no como usualmente se cree, considerando que entre más pobreza exista, más delincuencia habrá. No, porque de lo anterior podría derivarse un silogismo peligroso que establecería que “si eres pobre, en consecuencia, eres propenso a ser delincuente”[4] y no es así, existen múltiples investigaciones en criminología que refuerzan la hipótesis de que la pobreza no es necesariamente un factor decisivo para explicar el delito[5] y existe también evidencia empírica que demuestra que países con menores niveles de pobreza registran mayores tasas de victimización[6].

Entonces, ¿de qué forma está ligado el aumento del delito con las condiciones socioeconómicas? De la siguiente manera:

Cuando se produce un deterioro económico acelerado, se exacerba la brecha existente en la distribución del ingreso y el factor riesgo por no disponer de rentas suficientes recae con mayor fuerza sobre las clases medias y bajas, que además poseen menos mecanismos para soportar estos shocks. Se genera entonces una especie de movilidad social negativa, donde el deterioro de la actividad económica aumenta la tasa de desempleo y reduce los ingresos esperados de las familias que ahora perciben rentas insuficientes para adquirir sus bienes y servicios habituales para sobrevivir, generándose así mayor desigualdad y es este aumento de la desigualdad a su vez, el que impulsa el crecimiento de la delictividad[7].

Diversos estudios concuerdan en estimar que “la corriente más extendida dentro de los estudios de seguridad ciudadana es aquella que considera que la causa fundamental de la violencia es la desigualdad”[8]. De forma que, el crimen aumenta cuando los trabajos legales son difíciles de conseguir, los ingresos caen y la brecha de desigualdad se hace más amplia.

Nicaragua atraviesa un tercer año recesivo. Miles de personas han quedado en el desempleo. Foto: Nicaragua Investiga

Actualmente Nicaragua atraviesa un tercer año recesivo donde según distintos organismos internacionales se enfrentará a una contracción en el PIB de entre 6 y 8.3 por ciento[9], con un aumento en la tasa de desempleo que podría alcanzar el 9.5 por ciento este año[10], lo cual es bastante alto considerando que en el mercado laboral nicaragüense la informalidad supera el 70 por ciento[11]. También, en lo que respecta a los factores de desigualdad y pobreza, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Nicaragua será uno de los países de la región donde la pobreza extrema crecerá más, pasando de 18 por ciento a 22.2 por ciento y para el caso de la pobreza general, de 47.1 por ciento a 52.7 por ciento[12], acompañado de una variación en su coeficiente de Gini de entre 1.5 por ciento y 2.9 por ciento[13].

Asimismo, con el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), distintos sectores estratégicos, como hoteles y restaurantes han registrado contracciones en su actividad económica por hasta 56 por ciento, como revela a abril 2020, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN)[14].

Según Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), en este año se han perdido cerca del 80 por ciento de los empleos y más del 76 por ciento de los ingresos esperados, para el sector turismo[15]. Este es un ejemplo del impacto que también se está suscitando en otros sectores vulnerables como la industria manufacturera, comercio y servicios.

• 2. Educación

La educación es uno de los factores que guarda una estrecha relación negativa con la delictividad, porque a medida que hay más educación en el tejido social, se reduce el atractivo de dedicarse al crimen. Así, entre más y mejor educada es una sociedad, se generan dos efectos: se desarrollan capacidades en los individuos para dedicarse a actividades que orbiten dentro de la legalidad y, por otro lado, se desarrolla en el fuero interno de los individuos una escala más alta de valores morales[16]. De manera que una mayor cobertura en educación sirve de freno contra aumento de la criminalidad.

Carlos Acevedo, encuentra que, “a través de un aumento de la inversión social, que incremente la calidad de su capital humano y mejore la competitividad de su plataforma productiva, se podrían generar más y mejores fuentes de trabajo, aumentar los ingresos de la población y reducir la pobreza y la desigualdad, erradicando de esta manera las raíces estructurales que alimentan la situación de violencia”[17].

Lamentablemente en Nicaragua, la educación es un elemento que se ha dejado a un lado. Según el Informe de Progreso Educativo de la Fundación Eduquemos: “cuatro de cada diez estudiantes que ingresan al primer grado no concluyen la primaria”, “la mitad de quienes ingresan al primer año no concluye la secundaria” y “en todos los niveles educativos la asignación por estudiante que hace Nicaragua es la más baja de la región”. Posicionándonos entre los países con las menores tasas de escolaridad promedio en la región.  Se suma a esto, que el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) refiere en su perfil de país, en cuanto al panorama educativo de Nicaragua: “tanto en lectura como en matemática, los niños nicaragüenses tienen un desempeño por debajo de la media regional”[18].

Esto es preocupante si se considera que según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), para 1999 más del 75 por ciento de la población apenas había alcanzado un nivel educativo de primaria, llegando escuetamente a algunos niveles de secundaria. Para entonces el nivel promedio de escolaridad era de 6 años, luego en el 2017, según lNIDE, el nivel promedio es de 7 años. Indicando que, en 17 años, el progreso en años de escolaridad en Nicaragua, ha sido apenas, unitario.

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), para 1999 más del 75 por ciento de la población apenas había alcanzado un nivel educativo de primaria.

• 3. Institucionalidad Democrática

Cuando se habla de institucionalidad, se hace referencia a las reglas del juego en una sociedad; que sean claras y no estén constantemente modificándose a voluntad de unos pocos. Y cuando se alude al concepto de democracia, más allá de su acepción etimológica, donde Demos significa pueblo y Kratos, poder, es decir, “el poder del pueblo”, hablar de institucionalidad democrática hace referencia a que existan criterios de gobernanza claros, accesibles a todos y resguardados por la existencia de un Estado de Derecho robusto.

Ahora, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Estado de Derecho “es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”[19].

Teniendo claro lo anterior, entendemos que cuando hay institucionalidad democrática, hay mayor libertad y confianza en las organizaciones del Estado. Pilar Lledó señala que “algo que nos impide sentirnos libres es el temor por la inseguridad y sin esa libertad, la democracia carece de sentido alguno, de forma que, el sentimiento de inseguridad limita el desarrollo del ser humano al sentirse atemorizado e impedido para realizar cualquier actividad”[20].

Se observa entonces una relación directa entre democracia, seguridad, institucionalidad y libertad. A mayor democracia e institucionalidad, mayor libertad y menor inseguridad y, a mayor inseguridad, menor democracia, institucionalidad y libertad. Esta relación se manifiesta porque cuando existe un malestar social generalizado producto del aumento de la percepción de inseguridad, se genera mayor desconfianza y desafección democrática, lo que constituye un factor de riesgo importante para lograr una adecuada cohesión social.

En materia de libertad, el índice de libertad publicado por Freedom House, señala a Nicaragua como un Estado No Libre, con un puntaje de 31/100 (valores cercanos a 100 son más libres), luego de ocupar en 2017 el puesto 47 bajo la categoría de Estado Parcialmente Libre. Dos de los indicadores más importantes para calcular los estados de libertad del índice, son Derechos Políticos y Libertades Civiles, para los cuales Nicaragua registró valores de 10/40 y 21/60, respectivamente[21].

Si no existen libertades civiles y derechos políticos, es imposible hablar de democracia, por ende, tampoco de reglas del juego claras, lo cual actúa en detrimento de la sociedad, socavando su confianza y destruyendo los incentivos para otorgar credibilidad a un posible contrato social que garantice el cumplimiento de los derechos individuales y el resguardo de la seguridad.

Las instituciones de Nicaragua se encuentran controladas por Daniel Ortega. Foto: Nicaragua Investiga

• 4. Sistema Judicial

El aparato estatal a través de la eficacia y eficiencia de su poder judicial puede generar o disminuir incentivos para el desarrollo del delito a través del cumplimiento, magnitud y severidad de las penas. Por lo cual, entre más incertidumbre exista sobre la ejecución de penas, más personas se verán inducidas a cometer delitos, debido a que delinquir se vuelve una actividad con menor riesgo y mayor atractivo. De manera que los indicadores de eficiencia del sistema de justicia se asocian negativamente a la tasa de criminalidad, indicando que a mayor eficiencia del aparato judicial y policial la criminalidad disminuye y en cambio, a menor eficiencia, esta aumenta.

En los años 70 cuando Richard Posner publicó su trabajo Economic Analisys of Law[22], se produjo un nuevo referente en el desarrollo del análisis económico del derecho como disciplina autónoma. En su investigación Posner estudió sistemáticamente la mayoría de campos del sistema jurídico desde la perspectiva del análisis económico, revelando que, el crimen aumenta cuando los potenciales criminales consideran que no van a ser sancionados o el régimen de sentencias penales impuestas dentro del sistema judicial son muy laxas.

Esto es porque desde la óptica económica, como sugirió el ganador del Premio Nobel de Economía Gary Becker en 1968, los delincuentes también son personas racionales que comparan costos, beneficios e incentivos de cometer delitos frente a desarrollar actividades legales y una justicia penal débil o ineficiente representa un régimen de incentivos exponencial para quien delinque o piensa hacerlo[23].

En los últimos meses el Gobierno de Nicaragua liberó más de 22,567 reos comunes con la excusa de promover la “unidad familiar”[24]. Por lo cual, considerando que en el país no existe un enfoque de justicia direccionado a la rehabilitación social sino al castigo, estos excarcelados suponen un grave peligro para la sociedad, porque al margen de salir reformados de prisión, una gran cantidad desarrolla más habilidades, expertiz y redes de contactos para continuar fuera sus actividades delictivas, que ahora se vuelven más violentas o más sofisticadas.

Daniel Ortega ha utilizado a la justicia de Nicaragua para frenar a los opositores y encarcelarlos. Foto- Nicaragua Investiga

De manera que, con esta liberación de reos comunes el Sistema Judicial nicaragüense ha establecido un hito catastrófico en la historia de la jurisprudencia nacional, generando mayor participación delictiva y criminal en la economía, castigando y condenando al que produce y otorgando nuevos incentivos, premios y beneficios al que delinque. La relación es clara, si no existe castigo y, por el contrario, el sistema judicial y policial protegen y premian el delito, se genera un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones que terminará multiplicando el crimen.

El Índice de Estado de Derecho de 2020 del World Justice Project (WJP) revela que en materia de efectividad en la justicia penal[25], Nicaragua se ubica en el puesto 121 de 128 países analizados (más lejos del 1 representa menor efectividad en la justicia penal), lo cual es un fuerte indicador de lo mal que se encuentra el sistema de justicia penal en el país.

El promedio para ALC es de 0.57 mientras que para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 0.76. Los valores más altos los alcanzaron Costa Rica, Uruguay y Barbados, con 0.77, 0.76 y 0.74, respectivamente, mientras que los más bajos los reportó Honduras con 0.40, Nicaragua con 0.39 y Venezuela con 0.33. Esto indica el grave daño que está causando la existencia de un sistema judicial ineficiente, que está ocasionando que Nicaragua se encuentra a un paso de ser el país de la región donde menos se protegen los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

• 5. Corrupción Gubernamental

Para entender la relación que guarda la corrupción y el aumento de la violencia, es necesario remitirnos antes a la definición de corrupción. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la define como: «un comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines privados y asegurar sus propias ganancias«^[27]. Asimismo, Transparencia Internacional (TI), organización internacional ampliamente conocida por combatir la corrupción la define como el «mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados«[28].

Entonces, de lo anterior entendemos que al hablar de corrupción gubernamental nos referimos a un abuso de las facultades de quienes ostentan el poder público en la ejecución de los distintos servicios estatales, principalmente a través del cohecho.

Cuando existen ventanas de corrupción en el aparato estatal producto de que no existe un buen gobierno, la sociedad eventualmente internalizará estas prácticas, reconfigurando sus reglas generales de convivencia alrededor de una escala inferior de valores morales y siendo partícipes de esta red de corrupción[29].  Según Eduardo Andere, cuando no hay un buen gobierno, se carece de un marco institucional democrático basado en la rendición de cuenta, eficiencia, división real de poderes o aplicación efectiva de la ley (reglas claras y coercibles)[30].

Por contraposición se entiende entonces que un buen gobierno es aquel que adopta iniciativas para mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia en la prestación de servicios, bajo el cual se encuentra todo un andamiaje sujeto al imperio de la ley y a un marco institucional sólido.

El gobierno de Daniel Ortega se ha caracterizado por la corrupción y la falta de transparencia de los funcionarios.

En 2017, el Barómetro de las Américas, para el caso de Nicaragua indicó que: “siete de cada diez nicaragüenses pensaban que la mitad o más de los políticos en el país eran corruptos”; “el 12 por ciento de los ciudadanos indicó haber sido víctima de corrupción por parte de la policía y un poco más del 20 por ciento señaló haber sido víctima de cualquier tipo de soborno en el año previo a la encuesta”. Asimismo, los resultados indicaron un “aumento significativo en los reportes de victimización por corrupción en contraste con años previos, provocando que Nicaragua se ubicara como uno de los países que registró la mayor tasa de victimización por corrupción en el hemisferio[31]”.

Y como se mencionó antes, la corrupción es internalizada en la sociedad al punto que se da una especie de justificación social del delito. En línea con lo anterior, el estudio también reveló que “aproximadamente uno de cada cuatro nicaragüenses encuestados consideraba que se justifica pagar un soborno”, siendo este porcentaje de los más elevados de la región y que afecta directamente el funcionamiento de la democracia en el país.

Para 2019, un nuevo estudio del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)[32] señaló que Nicaragua había sufrido la caída más grande en democracia, con base en los reportes de Freedom House y V-Dem Institute.

• El autor es economista nicaragüense. emil_marenco@yahoo.com / Twitter: @MaykMarenco