Cadena perpetua: un retroceso en materia de derechos humanos en Nicaragua

Reformar el código procesal penal de Nicaragua para permitir la cadena perpetua significaría un retroceso de 46 años en materia de derechos humanos para el país, aseguran expertos consultados por este medio digital.  En 1974 el código procesal penal de Nicaragua fue modernizado y se erradicó la cadena perpetua y con ello el sistema penal pasó de ser punitivo a ser reformante, es decir que se considera la posibilidad de que quienes han cometido delitos puedan reintegrarse a la sociedad.

Pero las actuales reformas, privarían de esta posibilidad a quienes sean condenados a permanecer de por vida en prisión.

Para especialistas del derecho la solución a los problemas de criminalidad y abusos que continúan en aumento en Nicaragua no se encuentra en el aumento de las penas sino más bien en la corrección de “inconsistencias” dentro del sistema judicial.

Impunidad aumenta los niveles de criminalidad

El Dr. José Pallais destaca que existen diversas investigaciones que concluyen que el incremento de las penas no garantiza la disminución de los delitos, “lo único que garantiza que los delitos disminuyan es la certeza de la sanción, es decir la aplicación de la justicia”.

Advierten riesgo de reformar Constitución para establecer cadena perpetua

“Hay países con pena de muerte y tienen uno de los índices de criminalidad más altos del mundo” afirma.

Por lo que comparte que lo que ha incrementado los niveles de criminalidad en Nicaragua durante los últimos años es la impunidad.

El abogado Julio Montenegro comparte que antes de endurecer las penas deben corregirse las inconsistencias, pues en los últimos dos años más de 20 mil personas han sido excarceladas “sin ningún estudio o evaluación que diga el tiempo trabajado, el tiempo de estudio, la integración a actividades, el nivel de peligrosidad determinado por un especialista, si es posible que pueda salir o no, si cumplió la mitad de la pena, o si el delito era peligroso o no”.

Liberan a más de 800 reos bajo convivencia familiar

Por lo que dichas excarcelaciones generan cuestionamientos sobre el control en la salida de estas personas, y revelan que la solución a los problemas de seguridad no se encuentra en la vía de aplicación de la cadena perpetua.

Penas máximas deben aplicarse debidamente

La esperanza de vida en Nicaragua ronda los 70 años, por lo que el abogado Montenegro destaca que una pena de 30 años equivale a casi el 50% de la vida de una persona y, por tanto, si las penas máximas fuesen debidamente aplicadas sin estos indultos habría un mayor control delictivo.

“Con eso se solucionaría el problema, porque el problema no está en que, si le aplico treinta, treinta y cinco, o cuarenta años”.

Por su parte, Pallais destaca que las miles de liberaciones realizadas por el gobierno de Nicaragua demuestran que no existe preocupación por la justicia, sino que más bien se promueve la impunidad.

Sistemas penitenciarios ausentes en procesos de reformación  

Uno de los objetivos del derecho penal moderno es que este no se base en modelos “vengativos” sino que el objetivo fundamental es “transformar conductas”, asegura Pallais.

Sin embargo, actualmente la condición dentro de los sistemas penitenciarios ha sido denunciada de forma pública por los mismos reos, quienes aseguran que las cárceles del país no cumplen los estándares básicos de derechos humanos.

Daniel Ortega confirma que cadena perpetua pretende perseguir a opositores

“Hay hacinamiento, hay maltratos, hay torturas, solo el hecho de estar ahí es una violación a los derechos humanos” destaca Pallais.

Mientras tanto el abogado Montenegro afirma que “reestablecer a estas personas supone que los sistemas penitenciarios cumplan una tarea reeducativa, pero cuando lo que se recibe en un centro penal es un maltrato, limitaciones en cuanto a la alimentación, limitaciones físicas y psíquicas, evidentemente esa persona lejos de salir como un modelo para contribuir al desarrollo social del país, puede tener problemas”.

Medida con doble propósito

Ambos especialistas coinciden en que dichas reformas pueden ser otra vía del gobierno de Daniel Ortega para perseguir y castigar a opositores.

Por lo que Montenegro alerta que personas inocentes pueden ser condenadas de por vida, sobre todo en una situación de conflicto sociopolítico como el que atraviesa el país, en el cual se cuestiona si las investigaciones son claras y si las acusaciones corresponden efectivamente a hechos que han cometido los acusados.