El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, se pronunció ante la criminalización que ha ejecutado el gobierno de Nayib Bukele a la libertad de prensa en El Salvador, en especial al medio de comunicación El Faro, por lo que hacen un llamado a la comunidad internacional.
“Llamamos a la comunidad internacional, y en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a los relatores de ambos Sistemas en materia de libertad de expresión, a estar vigilante de los ataques contra las y los periodistas en El Salvador y le recordamos al Estado sus obligaciones internacionales al respecto”, se lee en el documento.
Las organizaciones firmantes, promotoras y defensoras de los derechos humanos en el continente, “condenamos la situación de acoso y los intentos de criminalización que viven periodistas del periódico El Faro, en El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele”.
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Según la publicación, los ataques contra El Faro suceden en un contexto en el cual la libertad de expresión y el trabajo independiente de la prensa se han visto menoscabados.
“Tan solo en el primer año de esta administración, (entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020) el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), registró 61 vulneraciones a la actividad periodística por parte del poder Ejecutivo”, describen.
CEJIL denuncia que, durante la pandemia del COVID19, las agresiones se han agudizado, especialmente para aquellos medios que publicaron investigaciones que cuestionan la gestión de fondos de emergencia o denuncian actos de corrupción.
“La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó en julio a la Asamblea Legislativa el informe “La COVID-19 y los Derechos Humanos”, en el que denunció violaciones graves a las garantías constitucionales cometidas por el Gobierno; en una de sus observaciones, exigió al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia “cumplir con el deber de respeto del Estado, absteniéndose de expresar ataques directos de estigmatización contra medios y periodistas”, exponen los organismos firmantes del documento.
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Respecto a El Faro, las organizaciones alegan que en medio de la pandemia, el medio viene experimentando una escalada de ataques en la cual el Poder Ejecutivo ha tomado parte activa.
Por tanto “expresamos nuestra más profunda preocupación por el proceso de estigmatización y criminalización en marcha, contra un medio independiente que realiza una función necesaria en cualquier democracia. Defendemos el rol que los y las periodistas tienen como defensores de derechos humanos, en tanto su contribución es clave para el funcionamiento democrático”, subrayan.
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