Sanciones podrían frenar crecimiento del país según Fitch Ratings

Pese a que durante los últimos tres años Nicaragua ha estado en recesión económica, la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings proyecta que este 2021 la economía nacional crezca un 3.8 %, «respaldada por mayores exportaciones y expansión fiscal». Aunque reconoce algunas limitaciones que podrían afectar el desarrollo.

La agencia explica que las calificaciones de Nicaragua están limitadas por el puntaje promedio más bajo de los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en las Américas calificada por Fitch (16.9%), el bajo ingreso per cápita, los riesgos de estabilidad política y las sanciones internacionales.

De hecho, reconoce que la Ley Nica Act, firmada en 2018 por Estados Unidos, junto a otras sanciones internacionales «pueden limitar el financiamiento externo nuevo en los próximos años, particularmente de instituciones donde los EE. UU. tienen un gran poder de votos».

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«Las proyecciones de crecimiento para 2022 y 2023 están limitadas por la contracción del crédito, la incertidumbre política derivada de las próximas elecciones y la consolidación fiscal esperada después de las elecciones», y en esa vía, advierte que los acontecimientos previos a los comicios electorales del 7 de noviembre «podrían deteriorar las relaciones (de Nicaragua) con EE.UU. y la Unión Europea, lo que podría aumentar los riesgos de ampliación o endurecimiento de las sanciones».

Impacto del financiamiento externo

Fitch Ratings calificó la deuda soberana de largo plazo en moneda nacional y extranjera en “B-” y la perspectiva de la calificación pasó de «negativa» a «estable». El superávit en cuenta corriente también creció a un máximo histórico del 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB), «impulsado por exportaciones robustas, la contracción de las importaciones y las remesas resistentes, combinado con la afluencia de financiamiento multilateral que le permitió al Banco Central (BCN) aumentar las reservas internacionales».

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A pesar de que la estabilización de las perspectivas refleja una «resistencia fiscal» mayor de la esperada, reconocen que en parte fue gracias al impacto de los desembolsos multilaterales relacionados con la pandemia y los huracanes Eta e iota, que flexibilizaron las restricciones de financiamiento a corto plazo.

En 2020, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales desembolsaron US$829 millones (6.7% del PIB) al sector público nicaragüense, un aumento del 52% con respecto al desembolso promedio anual entre 2017-2019. Los mayores acreedores fueron el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

«La mayor disponibilidad de financiamiento multilateral ha aliviado las restricciones al gasto y financiamiento del gobierno», señala Fitch y espera que el déficit del gobierno general se amplíe al 3.2% del PIB en 2021 y se reduzca al 2.7% para 2022. Asimismo, espera que en 2021 los ingresos crezcan un 10%, una tasa no vista desde 2017.

Por otro lado, muchos de los préstamos firmados por el gobierno de Nicaragua en 2020 fueron para programas plurianuales, por lo que Fitch asume que los préstamos contratados serán desembolsados pero que dichos desembolsos «caerán gradualmente a niveles pre pandémicos para 2023». Las dudas se encuentran en el impacto posterior, pues del resultado de las elecciones, dependería el comportamiento de los próximos desembolsos.