Cada vez que el gobierno de Nicaragua anuncia la liberación masiva de presos comunes las redes sociales se encienden criticando una medida poco popular en una sociedad preocupada por su seguridad y temerosa por los robos y asaltos a mano armada y otros delitos.
Para dar una idea del nivel de estas liberaciones, hay que decir que solo en lo que va del año 2021 el ejecutivo ha beneficiado con el «régimen de convivencia familiar”, es decir, sin cumplir condena, a 2,142 reos comunes, según reportes del Ministerio de Gobernación.
Elvira Cuadra, socióloga y especialista en temas de seguridad pública, indica que “una cantidad importante” de los liberados “no cumplen con los requisitos que usualmente se establecen para indultar a una persona”.
Hipótesis
Esto ha llevado a que existan diferentes hipótesis del porqué el presidente Daniel Ortega implementa esta política de liberaciones masivas.
“Una de las hipótesis que existe en relación al propósito de esos indultos es que considerando el contexto electoral y el bajísimo apoyo político que tiene el gobierno, entonces piensa utilizar a estas personas para conformar lo que antes se llamaban Comandos Electorales y ahora se conocen como las Unidades de Victoria Electoral y poder captar simpatías entre algunos sectores de la población, por ejemplo, las familias de esa gente pues seguramente van a estar muy contentas”, expresa Cuadra.
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Lo planteado por la especialista no carece de peso y los mismos medios de comunicación oficialistas, al dar cobertura a las liberaciones, publican videos y fotografías en las que se aprecia a los reos haciendo la señal de la DOS, bastante común entre los militantes del FSLN, para expresar su apoyo o agradecimiento a Daniel Ortega Saavedra (DOS). También se les ha visto usando mascarillas con los colores rojo y negro del FSLN y usando camisetas con emblemas, imágenes o frases “revolucionarias”.
Reos quedan en deuda con Ortega
Cuadra refiere que esta medida es la forma de Ortega para posiblemente “conseguir el respaldo que no tiene entre la población”.
“Los Ortega Murillo siempre han funcionario sobre la base de una política clientelista. Ya vemos como todas las personas que entrevistan o que hablan para sus medios de comunicación generalmente lo primero que dicen es que agradecen al Comandante y a la Compañera. Entonces todos los que reciben algún tipo de beneficio de parte del gobierno quedan en deuda y luego tienen que pagar los favores, por eso es que ellos (los reos) desde los actos que se organizan al momento que los liberan aparecen agradeciendo al gobierno el gesto o el favor y quedan a deber”, indica.
Inseguridad ciudadana
La socióloga refiere que hasta el momento “no hay evidencia del impacto o el efecto” que están teniendo estas liberaciones. Sin embargo, insiste en que evidentemente muchas de estas personas vuelven a cometer delitos.
“Es indudable que un buen grupo, no todos, no puedo afirmarlo en relación a todos, pero un buen grupo de estas personas son reincidentes y salen a la calle a cometer actos delictivos nuevamente, entonces se incrementa el nivel de riesgo y de inseguridad de todos los ciudadanos”, subraya.
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El caso de los asesinos del hermano de monseñor Solórzano
Hay registros de crímenes que han impacto a la sociedad nicaragüense y que sustentan las palabras de la socióloga Elvira Cuadra.
El lunes 11 de enero del 2021 los hermanos Cristhian y Fernando Alemán Toruño asesinaron en el barrio Monseñor Lezcano al empresario Diego Donaldo Solórzano, hermano del obispo de Granada, monseñor Jorge Solórzano. Los dos sicarios fueron capturados por la Policía Nacional el 16 de enero. Según las investigaciones, habían recibido 3,000 dólares de manos de los autores intelectuales del crimen.
Según un reporte del diario La Prensa, los familiares de los sujetos confirmaron que Cristhian estuvo preso un año por posesión de estupefacientes, pero que había sido liberado el 20 de diciembre del 2019 gracias a un indulto presidencial.
Fernando estaba condenado a más de cinco años de cárcel por el asalto a un taxista en el sector de El Zumen, sin embargo, en abril del 2020 la condena fue interrumpida gracias a que también fue beneficiado con el régimen de convivencia familiar.
¿Cuántos han sido liberados realmente?
De acuerdo a recuentos de los informes oficiales, desde el 2018 han sido liberados más de 25 mil reos comunes. No obstante, existen serias dudas sobre cuales son las cifras oficiales.
El 19 de octubre del 2020, durante el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, la ministra María Amelia Coronel Kinloch afirmó que en el último año habían sido liberados más de 10 mil presos.
“Desde octubre del 2019 a septiembre del 2020 se han otorgado 10 mil 304 beneficios legales de convivencia familiar a presos y presas, 9 mil 262 varones, 1 mil 42 mujeres que fueron entregados a sus familias en actos emotivos de alegría, esperanza y fe, entre estos 66 presos de otras nacionalidades que fueron trasladados a su país de origen”, explicó la ministra.
Pero en agosto del 2020 la ministra dijo durante un informe a ONG nacionales e internacionales que en “los últimos meses” el gobierno había liberado a 22 mil 567 presos, según consta en un reporte de El 19 Digital. Coronel explicó que la medida había sido a “solicitud del papa Francisco”.
En esa ocasión, la funcionaria refirió que existe un comité que se encarga de evaluar cada caso y que entre los requisitos están que el recluso tenga la pena casi cumplida y haya demostrado disciplina.
Población carcelaria
De acuerdo a Insightcrime.com, en octubre de 2014 la población carcelaria de Nicaragua era de unos 10,500 presos,
En octubre del 2016 se había elevado a más de 15 mil, sin embargo, ya entonces había dudas sobre la cifra real, pues el 22 de febrero el gobierno de Nicaragua anunció que 8,149 presos habían recibido la libertad condicional desde el año 2014 (Nota de prensa publicada por El 19 Digital). Las cifras no coincidían.
La población carcelaria continuó creciendo y para octubre del 2018 esta se había elevado a 20,918, según cifras del Ministerio de Gobernación publicadas por World Prison Brief.
En la actualidad el gobierno no ha dado un informe preciso de cuántos reclusos existen.
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