Este lunes se publicó el más reciente informe anual del organismo internacional Global Witness, en el que se reportó que 227 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo durante 2020 en ejercicio de la defensa de sus territorios y comunidades.
Los asesinatos en Nicaragua alcanzaron 12 víctimas letales que corresponde del año pasado, recoge el informe del organismo donde advierte que fue el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima.
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El informe señala que los asesinatos de 2019 fueron de cinco víctimas letales. Es decir, la cifra aumentó el doble “considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020”.
“Todos los gobiernos han estado extremadamente dispuestos a evadir e incumplir su mandato fundamental de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a las personas defensoras: en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellas y, en otros, posiblemente, son cómplices de las empresas”, dice el informe.
El número de asesinado en otros países
Colombia es el país que por segundo año consecutivo registra más asesinatos letales contra los líderes ambientalistas: el año 2020 el número llegó a 65.
México se ubica en el segundo lugar registrando 30 asesinatos. Filipinas 29 y Brasil 20. En los países centroamericanos el informe recopiló que en Honduras la cifra fue de 17 víctimas; Guatemala 13, Costa Rica 1 al igual que Argentina.
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Marina Commandulli, activista de Global Witness, dijo que en un año en el que los países latinoamericanos sufrieron crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras.
“América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato”, manifestó.
Agregó que esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y del medio ambiente.
Recomendaciones
El organismo internacional recomienda a los gobiernos de los países reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible. Asegurar que los compromisos y acciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) para implementar el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos.
Garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar cualquier disposición legislativa utilizada para criminalizarlas.
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“Exigir a las empresas e instituciones financieras que realicen la debida diligencia obligatoria. Deben responsabilizarse por la violencia y otros daños ejercidos contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a través de cada una de sus operaciones globales y cadenas de suministro”, recomendaron.
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