Piden a Ortega garantizar el libre ejercicio de la prensa independiente

Un grupo de organizaciones tanto nacionales como internacionales rechazó mediante un comunicado las medidas que Daniel Ortega ha venido imponiendo en Nicaragua para limitar el libre ejercicio de prensa, así como el recrudecimiento de la violación a la libertad de expresión.

El comunicado fue suscrito por Acción Penal, AMARC-ALC, Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, IFEX-ALC,  Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), PEN Internacional y Voces del Sur.

Estas organizaciones condenaron las negativas del oficialismo «a fuentes de información para conocer e informar sobre el proceso electoral y votaciones a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua,
cuando no existe ninguna condición que permita que el proceso electoral sea justo, libre y transparente».

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Ortega no ha permitido ingreso de reporteros internacionales

Recuerdan que las autoridades de Nicaragua en los últimos meses no han permitido el ingreso de varios equipos periodísticos internacionales, como por ejemplo el del diario hondureño, El Heraldo el 25 de octubre en el puesto fronterizo de El Guasaule; el periodista Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times, el pasado mes de junio, quien ni siquiera pudo abordar el avión hacia Managua; un equipo de CNN, a principios de octubre, cuando trató de ingresar desde Costa Rica; y el reportero de Le Monde, Frédéric Saliba, el 17 de octubre.

Igualmente destacan que «a 4 días de celebrarse los comicios», el Consejo Supremo Electoral (CSE) no haya extendió credenciales a los medios de comunicación y periodistas para dar cobertura a las votaciones.

«Es notorio observar que el gobierno de Nicaragua, tiene como política gubernamental mantener alejada a la prensa nacional independiente y a los medios de comunicación internacionales de la cobertura del proceso electoral 2021.

Vale la pena recordar que desde abril 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, las agresiones físicas, allanamiento de medios, asedio e intimidación durante las coberturas
periodísticas han sido reiteradas junto al robo y destrucción de equipos», indican.

En este sentido, subrayan que desde mayo del 2021 la administración Ortega «en un intento desesperado por silenciar a todas las voces críticas», ha cancelado la personalidad jurídica a más de 50 organizaciones no gubernamentales, varios de las cuales «ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de Covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes; mientras que otras además brindaban asistencia médica y educación sanitaria a la población nicaragüense».

Persecución a periodistas nacionales

Otra medida ha sido la «judicialización de la labor periodística», cuando la Fiscalía inició un juicio contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y comenzó una ola de intimidación en contra de
periodistas, dueños de medios y creadores de contenido periodístico.

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«La judicialización de periodistas independientes y otros trabajadores del sector, busca silenciar a quienes confrontan al poder y se esfuerzan por llevar información independiente pese a la inseguridad, la negativa de acceso a la información pública y el acoso y hostigamiento al que se exponen», manifiestan.

De la misma forman denuncian los asedios y allanamientos por parte de policías y paramilitares en contra de periodistas, en la que, además, también se ven afectados los familiares de los comunicadores, incluidos menores de edad. Los periodistas incluso han sido impedidos de salir de sus viviendas.

Señalan también que ante la escalada y recrudecimiento de la violencia estatal, se ha registrado «una nueva ola de exilio masivo de periodistas.  «Hemos conocido que entre mayo y octubre al menos 40 periodistas se han visto forzados a abandonar el país para resguardar su seguridad y la de los suyos. Para muchos es la segunda vez que deben exiliarse desde que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en 2018».

En este punto, señalan que Migración y Extranjería ha despojado arbitrariamente a una decena de periodistas independientes de sus pasaportes y sin ninguna justificación les ha impedido salir de Nicaragua. A esto se suma una constante campaña de estigmatización en redes sociales. «Recientemente se conoció que Facebook eliminó más de mil cuentas vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las cuales estarían activas desde 2018 y buscaban influir la opinión pública en contra de las voces críticas», subrayan.

Recuerdan que el Estado de Nicaragua es signataria de distintos tratados y convenios en materia de Libertad de prensa y Expresión.

«Exigimos a las autoridades nicaragüenses, garantizar la libertad de prensa y permitir el ingreso de la prensa internacional que busca cubrir la jornada electoral del 7 de noviembre para que el país y el mundo puedan recibir la mayor información posible al respecto», manifestó.