La Oficina de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad, la Reina, del Reino Unido, impuso sanciones en contra de ocho funcionarios del gobierno de Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo, en base a La Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero de 2018.
La Ley de sanciones, según la Oficina, permite «el congelamiento de fondos y recursos económicos de ciertas personas, entidades o cuerpos responsables por abusos y violaciones contra los derechos humanos, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, o el socavamiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua».
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Entre los sancionados por el Reino Unido se encuentran Rosario Murillo, vicepresidenta, y siete funcionarios más como Gustavo Porras, Fidel Domínguez, Juan Valle Valle, Julia Guido, Alba Luz Ramos, Fidel Moreno, y Lumberto Campbell.
Estas sanciones concurren a otras emitidas por Estados Unidos contra el Ministerio Público de Nicaragua y funcionarios, en el marco de la Ley RENACER, aprobada por Estados Unidos luego de las cuestionadas votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua, que establecía que Estados Unidos debía coordinar sus esfuerzos de presión diplomática con otros países democráticos.
Wendy Morton, ministra para Europa y las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido, afirmó que en Nicaragua «el régimen de Ortega está negándole al pueblo nicaragüense sus derechos fundamentales».
Añadió que «el Reino Unido siempre será un fiero defensor de la libertad alrededor del mundo». Según Morton, las sanciones se asegurarán de que «los responsables por los ataques contra la democracia en Nicaragua enfrenten costos reales por sus acciones».
Nicaragua Investiga
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