Un fuerte contingente policial fue desplegado en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua este martes con el objetivo de avasallar a las denominadas “Madres de abril” que interponen un recurso de amparo en contra de la polémica Ley de Amnistía, la cual fue aprobada con el fin de proteger a los paramilitares y simpatizantes sandinistas que asesinaron a manifestantes, según la oposición.
“Estamos rechazando la ley de amnistía porque la persona que fue la que cometió el delito no se puede autoamnistiar”, ha dicho Lisseth Dávila, madre del niño Alvaro Conrado, asesinado en el sector del nuevo estadio de beisbol Denis Martínez.
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En el lugar también se encuentran miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) respaldando a las madres de las víctimas asesinadas durante las protestas que estallaron en abril de 2018.
La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 8 de junio con trámite de urgencia. La Asamblea Nacional de Nicaragua dominada por el oficialismo aprobó la ley con 70 votos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 15 votos en contra de los 91 diputados que integran la única cámara del Parlamento.
“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril hasta la fecha”, indica el texto de la ley.
En el marco de la competencia y atribuciones que tienen la Asamblea Nacional, nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico de Nicaragua, los legisladores aprobaron hoy 8 de junio la Ley de Amnistía. pic.twitter.com/bhMuIKddR7
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) June 8, 2019
Desde un primer momento la oposición rechazó la ley de amnistía aduciendo que “es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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