Este martes 21 de diciembre el régimen sandinista liberó a más de mil presos y presas bajo el beneficio de convivencia familiar. Entre estos no fueron incluidas ninguna de las personas que están privadas de su libertad por razones políticas.
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«Para los beneficiados se trata de una nueva oportunidad para enderezar el camino y poder reivindicarse con la sociedad y en muchos casos, continuar los estudios básicos o técnicos que iniciaron durante el tiempo que cumplían sus penas» celebra el portal oficialista 19 Digital.
Sin embargo, estas masivas liberaciones de «reos comunes» han sido cuestionadas por diversos sectores ya que mientras Daniel Ortega hace caso omiso a las demandas por la liberación de los presos políticos, se ha dedicado a indultar a personas que podrían poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Uno de los sectores que se han pronunciado han sido los colectivos feministas. En 2020, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) registró que al menos 514 agresores de mujeres y de niñas fueron liberados por Ortega, lo que temían estuviese relacionado con el incremento de los casos de femicidios y abusos sexuales.
Más de 26 mil reos liberados en los últimos años
Rosario Murillo, vocera gubernamental, aseguró que desde el año 2016 aproximadamente más de 26 mil reos comunes han sido liberados bajo el beneficio de convivencia familiar, entre los cuales incluye a las personas detenidas en 2018 bajo el contexto de las protestas antigubernamentales y a quienes la vicemandataria reconoce como «criminales».
«26 mil 386 personas han pasado a convivencia de régimen familiar, son beneficios legales, y se incluyen en este número a esas personas que algunos llaman tranqueros, otros llaman terroristas, otros llamamos criminales, pero al fin y al cabo también recibieron la generosidad del pueblo nicaragüense y fueron puestos en libertad, y muchos de ellos han reincidido porque desgraciadamente el corazón cuesta limpiarlo» dijo Murillo.
Por su parte, el ex funcionario judicial Yader Morazán explica que los reos pueden ser indultados a través de un decreto en la Asamblea Nacional o bien a través de un proceso judicial para que se otorgue este régimen de convevincia familia, pero asegura que en Nicaragua no se cumple con dichos requisitos.
«Rosario Murillo dispone y desde el sistema penitenciario hacen la liberación de estas personas, los jueces ni siquiera se enteran, se enteran cuando los miran liberados y luego los jueces salen correindo a buscar los expedientes para tratar de subsanar ese apuro en el que los pusieron porque según la Ley es él quien debe dictar cualquier cambio» alega Morazán.
Presos políticos continúan retenidos
Mientras Ortega continúa indultando a reos comunes y Murillo insiste en sus ataques verbales, los familiares de los llamados presos de conciencia siguen demandando la liberación de sus seres queridos a través de una campaña denominada «Navidad sin presos políticos«.
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El objetivo de la campaña es que los opositores regresen a sus casas antes del 25 de diciembre y compartan las festividades de fin de año con sus familias, quienes aseguran vivir en “angustia” por el encarcelamiento de sus parientes. Sin embargo, el régimen sandinista parece enfocarse en liberar únicamente a reos comunes para estas fechas.
Actualmente más de 160 personas se encuentran bajo detención por ser críticos a la administración de Ortega, entre estos se encuentran líderes estudiantiles, campesinos, empresarios, defensores de derechos humanos, activistas feministas e incluso ex candidatos presidenciales que suponían hacerle frente al caudillo sandinista en los comicios del pasado 7 de noviembre.
Bajo detención, sus familiares denuncian que estos enfrentan una serie de maltratos físicos y psicológicos que afectan considerablemente su salud. Muchos se encuentran bajo aislamiento, privados de luz solar, limitaciones de medicamentos y chequeos médicos, y la mayoría limitados de visitas familiares con regularidad.
Una reciente encuesta de la firma independiente CID Gallup revela que el 73% de los nicaragüenses opina que las detenciones de los presos políticos en Nicaragua son “injustas” y que sus juicios políticos deberían ser anulados.
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