La mañana de este viernes 1 de marzo, se llevó a cabo una audiencia sobre la “Privación arbitraria de libertad por motivos políticos”, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde distintos organismos defensores de los derechos humanos y víctimas del régimen Ortega-Murillo, presentaron actualizaciones sobre las nuevas formas de represión.
Una de las primeras en exponer la situación de Nicaragua fue la abogada Alexandra Salazar, defensora de derechos humanos que trabaja para la organización Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), que apoya a los presos políticos en el país desde 2018.
“Las detenciones arbitrarias persisten como política de control… Se han logrado registrar más de 121 personas presas por motivos políticos, entre ellas 19 mujeres, 102 hombres y 22 personas adultas mayores”, expuso la abogada. De estos detenidos, al menos 10 son indígenas, afirmó la jurista.
Relató que estas personas detenidas son trasladadas casi de inmediato al Sistema Penitenciario sin presentarse acusaciones previas en su contra. Agregó que son sometidos a interrogatorios y que las autoridades ocultan el paradero de estos a sus familias.
Otra de las arbitrariedades se da al momento en que los abogados defensores solicitan información sobre los casos y las autoridades se las niegan.
Condiciones de presos políticos “han empeorado”
El abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que las condiciones en las que se encuentran las personas presas políticas “han empeorado”, que son mantenidos en aislamiento y trasladados de manera arbitraria a celdas de reclusión diferenciadas o de máxima seguridad.
“Se han identificado 35 centros penitenciarios, 8 centros de detención clandestinos o irregulares y 8 establecimientos penitenciarios durante estos seis años donde se han cometido métodos de tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes”, explicó el abogado.
Agregó que han identificado más de 40 métodos de tortura y malos tratos, dentro de ellos la violencia sexual ejercida a través de la desnudez forzada, incluyendo en algunos casos tomas de fotografías y videos, amenazas de violación y abuso sexual, tanto en presos políticos como familiares.
La excarcelada política Eveling Pinto relató su situación, de cómo estuvo bajo prisión y posteriormente su destierro hacia Estados Unidos. Expuso que ha sido “doloroso” y el desarraigo “abrumador”.
“Además del destierro y la pérdida de la nacionalidad, me quitaron mi jubilación”, explicó Pinto quien ahora debe ingeniárselas para sobrevivir en Estados Unidos con 65 años de edad, lo que le dificulta realizar ciertas labores.
Brooklyn Rivera en manos de la Presidencia
Una de las hijas del diputado Brooklyn Rivera explicó la situación de su padre, encarcelado por la dictadura, y de cómo ella junto a su pequeña hija tuvieron que salir de Nicaragua por la persecución del régimen.
Desconocen lo que ocurre con su papá, “la Policía dice que eso está en manos de la Presidencia de la República”, resaltó.
La abogada Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, pidió no olvidar la impunidad en la que sigue operando el régimen y el “impacto que tiene la situación de Nicaragua en el deterioro democrático y de derechos humanos en la región centroamericana”.
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Entre las peticiones de los presentes está instar a Nicaragua mediante todos los mecanismos a disposición a “cesar la criminalización y persecución política” y liberar inmediatamente a todas las personas presas políticas, “sin limitar sus derechos y el de sus familiares”.
Piden a organismos financieros condicionar el otorgamiento de créditos, financiamiento y cualquier tipo de colaboración económica al Estado de Nicaragua.
Situación de Nicaragua “está peor”
Por su parte, la presidenta de la CIDH, comisionada Roberta Clarke, de Barbados, expuso que “sigue siendo un panorama muy difícil” lo que ocurre en Nicaragua y que en el momento de la expulsión de los 222 excarcelados políticos era “mala y ahora está peor”.
El relator especial urgió a los países miembros de la OEA “hacer eco” de lo que ocurre en Nicaragua, pese a que el país ya no es miembro del organismo internacional.
