El Ministerio Público emitió un comunicado este lunes en el que informó que realizarán juicios orales y públicos a partir del primero de febrero de los presos políticos, que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y de los que están bajo arresto domiciliar.
Según la Fiscalía, los presos políticos “estarán siendo juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua”.
También señaló que serán procesados “por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, dice el comunicado fue publicado por El 19 Digital, medio oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El Ministerio Público emitió el comunicado días después de que los familiares de presos políticos hicieran un llamado a todos los sectores del país a encontrar un posible diálogo con el régimen sandinista, para que sean liberados los reos de consciencia.
Además, sucede cuando el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) respaldó este llamado y aseguró que estñan dispuestos a iniciar un diálogo sin “precondiciones”, pero por la “desesperación” de “tres amigos” de la cúpula empresarial: Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri.
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“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, se refirió la Fiscalía a los presos políticos que están detenidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido el “Nuevo Chipote”, el cual está considerado como un centro de torturas por defensores de derechos humanos.
“Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, acusó la Fiscalía.
Sin embargo, el régimen de Ortega – Murillo está señalado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad y de 355 muertes durante las protestas de abril de 2018. Hasta la fecha, ninguna persona de parte del gobierno ha sido investigada, ni detenida por estos asesinatos, cuyos delitos han quedado en la impunidad.
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Otras acusaciones
La Fiscalía, controlada por fieles funcionarios al régimen de Ortega, además acusa que los presos políticos de haber “creado zozobra y lesionado los intereses supremos de la nación”. A su vez, declara que supuestamente “han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua”.
“Han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica. Han demandado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses”, dice otra parte del comunicado del órgano judicial que está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a varios de sus funcionarios.
En mayo del año pasado, esta institución abrió procesos contra siete precandidatos presidenciales y más de 40 opositores nicaragüenses, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas. Estados Unidos lo sancionó por ser responsable de “participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
Nicaragua Investiga
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