¿Por qué aún no hay fecha de juicio para los otros presos políticos?

En medio del llamado a dialogar por parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de familiares de presos políticos y de otros sectores de la sociedad nicaragüenses, el 1 de febrero el régimen de Daniel Ortega inició los juicios a los presos políticos de Nicaragua.

Estos juicios se están realizando a puertas cerradas en la cárcel de la Policía Nacional conocida como El Nuevo Chipote. Allí policías, fiscales y jueces se han encargado de declarar “culpables” a los primeros de los más de 40 activistas sociales, líderes de la oposición y dirigentes empresariales apresados desde mediados del 2021.

El primero de febrero fueron encontrados culpables Jader Parajón y Muhamar Vado; el 2 de febrero Dora María Téllez; el 3 de febrero Léster Alemán; el 4 Miguel Mora y María Fernanda Flores; el día 7 Suyen Barahona; y este 8 de febrero el periodista Miguel Mendoza.

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A parte de los anteriores, solo se conocen las fechas de juicio para pocos casos mas: El politólogo José Antonio Peraza, el abogado Alexis Peralta y los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena serán procesados este miércoles 9 de febrero; el también líder campesino Freddy Navas, el 10 de febrero; el excanciller Victor Hugo Tinoco y el líder juvenil Max Jerez, el 11 de febrero; la defensora de derechos humanos María Oviedo, el 14 de febrero; el exembajador Mauricio Díaz, el 16 de febrero; y el sociólogo Irving Larios, el 28 de febrero. Larios y Oviedo están acusados de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”; Navas, Mairena, Jerez, Mena, Díaz y Peraza por “conspiración”; y Peralta por propagación de noticias falsas.

¿Qué pasa con los otros casos?

Aún se desconoce cuándo serán llevados a juicio otros líderes opositores Cristiana Chamorro, Félix , Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, Álvaro Vargas, Juan Lorenzo Holmann, Michael Heally, José Adán Aguerri, Francisco Sacasa o Violeta Granera, entre otros.

En una entrevista con Nicaragua Investiga, el abogado Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), asegura que existen varias razones que pueden estar de por medio.

“Yo creo que esto se debe a que la dictadura o el sistema de gestión de despacho ha asignado los casos no aleatoriamente sino de forma específica a determinados juzgados», considera. «¿Cuál será la razón? Seguramente lealtad, seguramente capacidad para mantener argumentos sofismáticos (que pretenden pasar como verdadero lo que es falso)», sostiene.

Entre los que no hay notificaciones, destacan casos bastante complejos relacionados a “grupos” de opositores que supuestamente conspiraron y lavaron dinero.

“A diferencia de otros caso donde los han acusado individualmente por conspiración sin entender con quién conspiraban porque nadie puede conspirar solo, en ese proceso penal en especial de doña Violeta Granera, de José Adán Aguerri, de Félix Maradiaga, Tama (Dávila), Juan Sebastián (Chamorro), José Pallais, Arturo Cruz, no hay convocatoria a juicio oral y público, aunque sí hay un juez  que radicó en su juzgado los actos, igual el caso de Cristiana Chamorro hay un juez de distrito Penal pero no hay hecho convocatoria”, explica Barberena.

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Juicios viciados

Los opositores nicaragüenses ha insistido en que los presos presos políticos están siendo juzgados injustamente y que dejen ser librados inmediatamente.

Igualmente expresan que el proceso carece de toda validez.

«Son juicios nulos, juicios políticos donde los derechos fundamentales, las garantías procesales del debido proceso de las personas que han sido injustamente acusadas, por tanto que la autoridad judicial no ha velado por el derecho a la defensa de las personas procesadas, no ha velado por la comunicación con su abogado, no ha velado por la publicidad del proceso penal porque las audiencias han sido secretas, y no ha velado por la presunción de inocencia, y los han condenado por delitos que no han cometido y con pruebas que no tienen ningún valor”, subraya el abogado.

Un contubernio entre policías, fiscales y jueces

Para el Barberena lo que hay en estos procesos es un condenatorio de la Policía, la Fiscalía y los Jueces para declarar «culpables» a los opositores. Expresa que esto no es algo particular de ahora sino que se venía presentando desde el 2018.

«Es una coordinación no para la objetividad de la investigación y del proceso penal al momento de acusar, sino una coordinación que apunta absolutamente a violar los derechos fundamentales y los derechos procesales de las personas acusadas”, enfatiza Barberena.