Este jueves 3 de marzo, Cristiana Chamorro de 68 años, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y varios excolaboradores de esa organización serán sometidos a juicio por el supuesto delito de lavado de dinero y otros como gestión abusiva, falsedad ideológica, retención y apropiación.
Han pasado 9 meses desde su arresto el pasado 2 de junio de 2021 y ha permanecido en detención domiciliar, mientras los financieros de la organización, Marcos Fletes y Walter Gómez se encuentran bajo encierro en la Dirección de Auxilio Judicial, al igual que el chofer personal de Cristiana; Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quienes también serán juzgados el mismo día. Todos han tenido visitas restringidas y nulo o limitado contacto con sus abogados defensores.
El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán advierte que la condena de Cristiana Chamorro podría ser mayor a la del resto de presos políticos que en su mayoría han sido acusados de delitos menos graves como conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional o propagación de noticias falsas.
«Es un hecho que el delito (de lavado de dinero), por ser parte del crimen organizado, por ser un delito que es más lesivo por decir así, es un delito que tiene una pena mayor», señaló.
Cristiana Chamorro era la aspirante presidencial con mayores posibilidades de ganar unas elecciones con garantías ante Daniel Ortega. Su apresamiento la dejó inhabilitada para postularse y su arresto ocurrió justo el día después que se presentó a CxL para buscar su inscripción oficial como candidata en ese partido.
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«El gobierno también lavó dinero»
Morazán advierte que el régimen de Ortega cae en enormes «contradicciones» al acusar a Cristiana Chamorro de lavado de dinero por haber recibido fondos de la cooperación internacional, porque este tipo de fondos no cumplen los parámetros para ser considerados de origen ilícito y recordó que los cooperantes que apoyaban el trabajo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro «también eran cooperantes dentro del mismo sistema de justicia para el que yo trabajé durante muchos años».
«Estaríamos hablando entonces, de que el gobierno de Nicaragua también ha lavado dinero, porque los fondos y la procedencia de esos fondos sigue siendo la misma», aseveró.
Morazán dice que durante sus años como funcionario en un juzgado especializado en violencia, se contaba con los mejores equipos y recursos gracias a los cooperantes «y eran los mismos cooperantes a los que accedían los organismos feministas y la Fundación, fondos de USAID», aclaró. Además dijo que «incluso muchos jueces fueron a estudiar fuera del país con esos recursos».
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De los 46 opositores detenidos el año pasado, al menos 31 han sido declarados culpables, de los cuales 23 recibieron sentencias condenatorias que van de 8 a 13 años de prisión. Mientras uno de ellos, el General en Retiro Hugo Torres falleció en prisión por causas no esclarecidas por el régimen de Daniel Ortega.
«Exigimos la liberación incondicional de más de 177 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel de El Chipote y la anulación de los juicios espurios», dijo en un mensaje editorial en su programa semanal el periodista Carlos Fernando Chamoro, hermano de Cristiana y Pedro Joaquín y quien logró evadir con su exilio en Costa Rica, una orden de captura que giró en su contra el régimen de Daniel Ortega también por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la sobrenía nacional.
El juicio iniciará a las 8:30 de la mañana de este martes y puede durar hasta 20 días, de acuerdo con los términos bajo los cuales se ha establecido la acusación. Cristiana Chamorro que se encuentra en detención domiciliar será trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial para presentarse a la audiencia.
Nicaragua Investiga
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