Hace cuatro años, Nicaragua vivió un estallido social sólo eclipsado en violencia por la pasada revolución de 1979. Lo que en un principio fue un movimiento enfocado en revertir reformas draconianas a las seguridad social pronto creció hasta ocupar la conciencia nacional, exigiendo más cambios que los que figuraban en los estimados más optimistas.
Encima de las promesas inconclusas quedó el recuerdo de las víctimas. Centenares de nicaragüenses fueron acabados por la violencia caótica de un Estado-partido en crisis, cientos de miles abandonaron el país obligados por el temor, las amenazas, la violencia o simplemente por la decadencia general de la economía y las instituciones.
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Quienes vivieron esos días aún recuerdan, sobre todo aquellos que recibieron lo peor: las heridas de la violencia, el acoso policial, el temor constante por la seguridad propia y de los cercanos e, incluso, la muerte de algún familiar a manos de las fuerzas represoras, sean formales o paraestatales.
La Policía de Ortega ya había dejado 300 muertos para julio de 2018. Desde aquella fecha el total asciende hasta, al menos, 355 víctimas fatales de la violencia estatal, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sólo en Costa Rica han solicitado asilo más de cincuenta mil nicaragüenses y para los que siguen en Nicaragua tampoco es sencilla la situación, con una economía que sufre los vaivenes de la geopolítica.
«Otra cosa que es muy importante resaltar es que cuatro años después tenemos todavía más de ciento setenta presos políticos, como es el caso de Kevin Solís» dijo el ex-preso político Jonathan López a Nicaragua Investiga. «Ahorita mismo están habiendo denuncias sobre maltratos tanto físicos como mentales contra él y así con el resto de las presas y presos políticos» denuncia.
Jonathan es un sobreviviente del proceso represivo de abril. En 2018 estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. Sobrevivió al ataque a la iglesia Divina Misericordia, pero en septiembre de ese año acabó detenido ilegalmente político por más de cuarenta días sin que siquiera se le acusara de nada.
Iglesia Divina Misercordia, en Managua,
Luego fue preso político. Lo liberaron en mayo de 2019 y aunque trató de permanecer en Nicaragua, la hostilidad del gobierno lo obligó a exiliarse. «Sufrí abusos del poder por parte de la Policía, el Ejército, expulsión de la universidad (UNAN), encarcelamiento, tortura física, tortura mental, asedio posterior a mi encarcelamiento» relata López.
«Me perseguían hasta en los hospitales, porque una vez estuve enfermo y la Policía se dio cuenta y en cuanto me dieron de alta, llegaron a la casa… no podía salir del país ni entrar con facilidad porque siempre estaban preguntando a la hora que llegaba al aeropuerto» explica.
«Hace ocho meses aproximadamente, también me tocó el exilio y por segunda vez fui forzado a dejar la universidad». Jonathan estudiaba en la Universidad Centroamericana (UCA), pero por las dificultades del exilio no pudo continuar sus estudios.
Como ciudadano, Jonathan considera como una de las cosas más preocupantes, tras cuatro años de crisis, el hecho de que «la mayoría de las organizaciones de oposición no se están comunicando de una forma efectiva. No ha habido un acercamiento real después de cuatro años, mencionando a la Alianza, a la UNAB, a CxL».
«Pienso que este es un momento para poder poner ya definitivamente la barba en remojo y buscar cómo tener conversaciones y no solamente esperar a que los que dirigen o tienen la representatividad en estas organizaciones hagan algo, sino que cada uno de los que podamos conversemos entre nosotros y hagamos que estas organizaciones se acerquen» concluye.
«Vamos a cumplir cuatro años de lo acontecido y realmente nosotros nos sentimos bastante decepcionados porque no hay ninguna solución a nuestro caso» expresa Álvaro Conrado, un nombre que para muchos resultará familiar. Conrado perdió a su hijo, «Alvarito» Manuel, el 20 de abril de 2018. Alvarito fue asesinado a los quince años de edad mientras intentaba ayudar a estudiantes movilizados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
El joven recibió un impacto de proyectil de arma de fuego durante la represión policial, a eso de la una de la tarde y aunque fue atendido en el momento por miembros de la Cruz Roja, a quienes dijo «no puedo respirar». Fue trasladado al hospital Cruz Azul, donde le negaron la atención médica. Tuvieron que llevárselo al Hospital Bautista, donde murió cerca de las cuatro de la tarde, mientras lo intervenían quirúrgicamente.
Los padres del niño Álvaro Conrado sostienen la patineta que usaba para jugar en sus tiempos libres. Foto: NICARAGUA INVESTIGA
Conrado relató a Nicaragua Investiga que ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han querido atender el caso. «Se han cerrado todas las puertas y, simplemente, lo que ellos argumentan es que hay una ley de amnistía… ellos dicen: «es borrón y cuenta nueva», pero nosotros no estamos de acuerdo con esa situación y seguimos buscando la verdad y la justicia» señala Conrado.
Sin embargo, para Conrado, «la esperanza es lo último que se pierde y más en nosotros que confiamos en Dios, nosotros estamos seguros de que Dios nos va a acompañar en este largo y dificultoso camino en que nos ha fijado y en el que seguiremos buscando la luz de la verdad y la justicia».
«Tarde o temprano tendremos esa respuesta a nuestro favor porque nosotros, todas las familias de los asesinados, estamos seguros de que tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos la verdad, tenemos las pruebas, tenemos los videos que prueban que nuestros hijos no eran delincuentes» afirma.
Por último, Conrado hace un llamado general, reconociendo que la crisis, aunque de formas diversas, afecta a todos los nicaragüenses.»Nosotros tenemos que unirnos, todos tenemos que unirnos. Los familiares de los asesinados, de los presos políticos, los familiares de las personas que están siendo afectadas directamente por las medidas del gobierno y la crisis económica que tenemos ahorita… tenemos que buscar la solución a esto, no perdiendo la fe ni la esperanza de que tarde o temprano vamos a tener un cambio donde se haya justicia para todos».
El gobierno de Nicaragua no se detuvo en 2018. Si bien su carnicería menguó, su siguiente objetivo fue evitar que volviera a ocurrir un levantamiento parecido. Su modus operandi ha sido la opresión legal cuando no la física. Ley tras ley ha construido Daniel Ortega una maquinaria represora, supresora y asfixiante de toda disidencia, aunque lo ha pagado con aislamiento y condena internacional.
Cuatro años luego de la masacre, no puede decirse que Nicaragua esté bendecida, ni que prospera, ni que haya ganado nada.
Nicaragua Investiga
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