La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo reformó este jueves la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
La reforma fue aprobada con 75 votos a favor, 0 en contra, 14 abstenciones y dos presentes.
Con esta reforma queda excluida la Universidad Centroamericana (UCA) como miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y por tanto se le retiraría la asignación del 6% constitucional que se entrega a las universidades.
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Debido a sus condenas a la represión gubernamental, la Universidad Centroamericana ha sido tachada por los sandinistas como una universidad «elitista», pese a los miles de jóvenes que eran becados y también a que muchos hijos y miembros del FSLN han estudiado en esa universidad.
La parte medular de la reforma estuvieron en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior donde hubo cambios en los artículos 4, 12, 47, 48 , 51, 56, 57 y 58.
Uno de los principales fue el artículo 4 el que antes establecía a la UCA en el grupo de universidades estatales. Ahora el artículo solo establece que las Instituciones de Educación Superior son las universidades estatales, las universidades comunitarias e interculturales, las universidades privadas, los Centros de Educación Técnica Superior y los Centros e Institutos de Estudios e Investigación por Ley para emitir títulos y grados académicos.
En el artículo 58 también se establece, en el numeral 9, que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) tiene la facultad de aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades establecidas en el articulo 56 de esta Ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación”.
En el artículo 56 tampoco se incluye a la UCA, pero sí a algunas universidades a la que en meses pasados el régimen les canceló su personería jurídica, se apropió de sus bienes y les cambió los nombres: La Upoli, que ahora se llama “Universidad Nacional Politécnica (UNP); la UCATSE, que ahora llamada Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda; y la Uhispam, que pasó a llamarse Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
«Fortalece» la educación superior, dicen sandinistas
La iniciativa había sido enviada a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, la cual en su dictamen a favor afirmó que había realizado consultas con Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la UNAN-Managua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU); Jaime Francisco López Lowery, secretario técnico del CNU; Linda Esther Ramírez Cabrera, directora jurídica de la UNAN-Managua y del CNU; y Maribel Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
“Este proyecto de ley no contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua, leyes constitucionales, ni Instrumentos internacionales de los que Nicaragua es Estado parte”, manifestaron los diputados, pese a la polémica desatado en las reformas.
El diputado Carlos Emilio López defendió las reformas porque según él se busca “fortalecer” la educación superior en Nicaragua. “Va a contribuir en ampliar el acceso de la juventud y la población en general a la educación universitaria”, aseguró, destacando la supuesta eficiencia y transparencia del CNU en la distribución del 6% del Presupuesto General de la República a las universidades.
Por su parte, la diputada Maritza Espinales dijo que al reformar la Ley de Autonomía “se le esta dando el rol que le corresponde” al CNU.
“Los jóvenes nicaragüenses el día de hoy van a tener mayor seguridad de culminar sus estudios mayor seguridad d que van a tener calidad en su educación”, indicó.
Espinales dijo que algunas universidades privadas «continúan cometiendo abusos» al cobrar más de 1,500 córdobas por los títulos universitarios, de allí que ahora el CNU podrá supervisar, analizar y escuchar las denuncias y así proceder a ordenar el sistema.
PLC no votó a favor
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Álvaro Rivera, expresó que esa bancada ve con preocupación que en la iniciativa se hubiera excluido a la UCA.
“Al ser excluida de ser parte integrante del Consejo Nacional de Universidades ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes de escasos recursos económicos”, dijo Rivera, señalando que el PLC se abstendría de votar a favor de dicha reforma.
Es inconstitucional
Para el experto en administración de justicia, Yader Morazán, «es inconstitucional la reforma a la Ley 89 y 582, porque limita el alcance de la autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa que dispone nuestra Constitución Política» en su artículo 125.
«Siguen legalizando la represión y concentrando el poder, ahora a través del CNU», manifestó Morazán en su cuenta de Twitter.
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