La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya falló a favor de Nicaragua en el caso por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, parte del litigio de Colombia con Nicaragua por derechos económicos en parte de la zona marítima limítrofe.
El fallo se dio a conocer hoy, jueves 21 de abril, y culmina un proceso iniciado en 2013 en el que Nicaragua denunciaba supuestas actividades invasivas de parte de Colombia, parte de una disputa mayor entre los países sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia y las aguas circundantes.
Colombia contrademandó alegando que Nicaragua había violado derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago «para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales».
Pero la Corte reconoció nueve votos contra seis que Colombia violó «la soberanía y la jurisdicción» de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) pues permitió actividades de pesca en aguas nicaragüenses.
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La Corte ordenó a Colombia «cesar de forma inmediata» su conducta invasiva. El presidente colombiano, Iván Duque, declaró desde la isla de San Andrés, en medio de la zona que ocasionado estas disputas territoriales, que su país está unido «para defender la integridad de nuestro territorio».
El mandatario aseguró que es su deber defender la soberanía e intereses de Colombia. Aseguró que «la estrategia jurídica de Colombia ha sido rigurosa y coherente» y, por consiguiente, que «continuará la tarea de evitar que Nicaragua pretenda limitar los derechos de Colombia».
«Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas» dijo Duque, señalando a Nicaragua de no colaborar hacia una solución en forma de un tratado bilateral.
Nicaragua lleva más de veinte años en disputa por los territorios marítimos que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia. El último fallo, en 2012, estableció la línea de frontera marítima única entre ambos países, delimitando la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas.
Aunque el fallo reafirmó la soberanía colombiana en las islas, Colombia perdió 180.000 km² de aguas territoriales ricas en recursos que desde entonces son parte integral del espacio marítimo nicaragüense.
Al respecto, el economista y abogado nicaragüense Enrique Sáenz expresó que el fallo «es en favor de la soberanía territorial de Nicaragua como país y no en favor de la dictadura». Añade que esta decisión «beneficia a todos los nicaragüenses, principalmente cuando tengamos democracia».
«Respaldar la sentencia en ningún modo significa avalar o respaldar al régimen ilegítimo» alega Sáenz.
Julio Icaza Gallard, experto en derecho constitucional e internacional, comentó a Voz de América que «indiscutiblemente es un triunfo a favor de la soberanía territorial de Nicaragua, de sus derechos y recursos naturales».
«De ocho puntos resolutivos, seis son favorables a Nicaragua, uno contrario y un último desestima otras demandas y es aplicable a las dos partes. Colombia deberá tomar las medidas que estime pertinentes para adecuar los decretos creadores y reguladores de la “zona contigua integral” y adecuarlos a lo que disponen el derecho internacional consuetudinario y la sentencia de 2012. Lo mismo deberá hacer Nicaragua con los decretos que definieron erróneamente las líneas rectas de base» explica Icaza.
Sobre Duque, el experto espera que «se dé cumplimiento al fallo de 2012 y a esta nueva sentencia y que, dada la proximidad de las elecciones generales en ese país, será responsabilidad de quien le suceda en la Presidencia». También espera que esta sentencia allane el camino para dar cumplimiento a la sentencia de 2012 y conduzca a un diálogo constructivo entre ambos países.
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