La dictadura de Daniel Ortega prohibió el ingreso a Nicaragua a la socióloga María Teresa Blandón, directora de la organización feminista La Corriente, y al sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua.
Blandón salió de Nicaragua el 24 de junio pasado a una reunión de trabajo a través del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, pero no hubo dificultad para viajar.
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Fue hasta su regreso, el primero de julio pasado, que fue notificada por la aerolínea Avianca que no podría retornar a Nicaragua por órdenes del gobierno.
“Yo salí sin ningún problema, nadie me informó, nadie me acusó de nada puesto que no he cometido ningún delito, por lo que no estaba informada de que me iban a impedir el ingreso a mi país”, denunció la feminista a Artículo 66.
Exilio forzado
Blandón, una de las voces críticas al régimen, indicó que esto es un exilio forzado, “porque si no te permiten entrar a tu país de manera legal, te obligan a hacerlo de manera clandestina o te obligan a quedarte fuera de Nicaragua”.
“Hay un control abusivo por parte del régimen Ortega y Murillo de las instituciones del Estado. Además se arroga la facultad de quién puede entrar y quién no puede salir de Nicaragua, y esto como sabemos es contrario a mis derechos constitucionales”, destacó.
El padre García, por su parte, salió de Nicaragua y su retorno estaba previsto para este martes 13 de septiembre, pero las autoridades de Migración y Extranjería le notificaron en dos ocasiones por correo electrónico que tiene prohibido volver a su país.
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La salida del padre García se realizó con toda normalidad como sucedió con Blandón. El sacerdote iba de vacaciones donde sus familiares a Miami, a quienes no veía desde hace tres años.
“El padre estuvo dos meses de viaje en Estados Unidos y hoy le tocaba regresar a Nicaragua, pero le prohibieron embarcar por órdenes de Migración y Extranjería. El domingo le enviaron un correo y ayer otro confirmando”, informaron las fuentes al diario La Prensa.
El régimen de Ortega-Murillo ha impedido el ingreso del país a periodistas, defensores de derechos humanos, feministas, activistas, periodistas, y todo aquel que considere una voz crítica a su gestión.
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