- El gobierno de Nicaragua envió una comitiva especial a la OEA para pedir que no se retire la cooperación internacional por la situación sociopolítica.
Rosario Murillo, Vicepresidenta del país, informó en su discurso de medio día de ayer que enviaron una comitiva especial a la Organización de Estados Americanos, para participar en una reunión sobre el estado de la cooperación y del desarrollo de programas sociales y proyectos de las agencias.
Los enviados fueron Mikel Campbell, Luis Alvarado, representante alterno de Nicaragua ante la OEA y Arturo McFields, periodista nombrado recientemente Ministro Consejero ante ese organismo.
«Nuestra posición sobre la cooperación es la demanda, el reclamo, la exigencia, de que la cooperación no se use nunca como mecanismo de presión o de agresión contra los pueblos», dijo Murillo.
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Murillo denunció que la cooperación se ha usado para presionar a su Gobierno, según dijo: «en forma de medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias que son violatorias de los principios del derecho internacional, de los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y de la OEA y del derecho de los pueblos a la libre determinación».
La funcionaria acusó a quienes según ella promueven estas sanciones, de cercenar «la dignidad y el derecho de los pueblos al desarrollo justo y sostenible».
Caída drástica de la cooperación
Hasta abril de este año se habían reportado pérdidas por 74 millones de dólares en cooperación internacional, siendo Holanda, Luxemburgo, la Unión Europea y Canadá, los países que más han reducido su ayuda a Nicaragua.
El año pasado el Reino de los Países Bajos (Holanda) congeló por tres años su cooperación al país, incluyendo un desembolso ya aprobado por 18. 4 millones de euros que serían destinados a la construcción del Hospital Regional de Bilwi.
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«El Reino de los Países bajos está preocupado por la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua», manifestó a través de un comunicado ese país.
La Unión Europea también canceló la continuidad de un proyecto por 3.5 millones de euros, que entre otros beneficiados tenía a la Policía Nacional.
«Nicaragua conoce una situación imprevisible y excepcional, que no permite desarrollar las actividades previstas», comunicó la Unión Europea para justificar su decisión.
Cerca del plazo final
El cabildeo del Gobierno de Ortega ocurre a tan solo 10 días que se venza el plazo para que una Comisión de alto nivel creada por la OEA, ofrezca un informe sobre la situación de Nicaragua, informe sobre el cual se tomarán decisiones para una posible expulsión de Nicaragua del organismo, lo cual dejaría al país sumergido en un aislamiento internacional, sin posibilidad de recurrir a préstamos y donaciones.
La Unión Europea también ha anunciado sanciones individuales para funcionarios nicaragüenses vinculados a la represión y violación de derechos humanos, para lo cual ya tiene listo un marco jurídico que permita la aplicación de esas sanciones en todos los países que la integran.
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