La organización Urnas Abiertas brindó un primer corte informativo respecto a las cuestionadas votaciones municipales de este 6 de noviembre, en la que documentaron varias irregularidades en la jornada electoral.
La investigadora y directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, explicó que en el 42% de los centros de votación la ciudadanía tuvo “inconvenientes” al no encontrarse en el padrón electoral, y en algunos casos las personas que no aparecen en el listado son “agredidas y expulsadas” de los centros de votación por ser “golpistas”.
“Esto se da en un contexto donde más de 1 millón 300 mil personas han sido eliminadas de este catálogo de electores”, recopiló Urnas Abiertas con reportes que recibieron de todos los departamentos del país y en el 75% de los municipios.
Según la organización, en el 41% de los centros de votación se reporta “proselitismo político” al interior de los mismos.
Por otro lado, recibieron denuncias de lugares donde todo aquel funcionario que no fuera sandinista o colaboracionista del régimen, “no logra ejercer sus funciones y se imponen las decisiones de los jefes de ruta o secretarios políticos del FSLN”.
Vigilancia política
Estos comicios municipales están bajo control territorial y con denuncias en donde los trabajadores públicos, personas opositoras y la ciudadanía en general están siendo vigilados por el régimen sandinista.
Desde el primero de noviembre hasta este seis de noviembre, Urnas Abiertas verificó al menos 17 detenciones en el contexto electoral en siete departamentos del país.
“En el 63% de los centros de votaciones hemos observado que se han instalado puestos de control en las afueras, donde los operadores políticos del Frente Sandinista están vigilando y controlando a quienes han llegado a votar”, dijo Valle y agregó que las personas tenían que pasar antes y después de ir a votar por estos puntos para informar sobre su asistencia.
Centros de votación sin votantes y llenos de paramilitares en Rivas
Presiones y violencia política
Los trabajadores del Estado fueron presionados por los secretarios políticos y jefes de áreas de las diferentes instituciones mediante mensaje de WhatsApp, en donde los obligaron a asistir a las urnas para votar y hacer cumplir las orientaciones partidarias.
“Al sector público se le indicó asistir desde tempranas horas y enviar fotos con el dedo manchado tras la votación”, dijo Ligia Gómez, vocera e investigadora de Urnas Abiertas. También les ordenaron que miembros de sus familias mayores de 16 años debían votar.
Urnas Abierta informó que desde la última hora del sábado 5 de noviembre hasta el corte del informe, se registra un incremento de violencia política en al menos 15 departamentos y las regiones del país, en las que documentaron detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, expulsiones de centros de votación, controles de carretera, presencia policial y presencia paramilitar en las juntas receptoras de votos.
“Algunas personas que no son reconocidas como “militantes” en los centros de votación han denunciado que les exigen mostrar su teléfono, les impiden ingresar, policías electorales les toman fotos, incluso hay casos de personas que estando dentro de la JRV son señaladas de “tranqueras” y son expulsadas”, denunció Urnas Abiertas.
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