La abrupta cancelación de la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y 18 de sus cámaras, por órdenes del régimen Ortega-Murillo, ha tenido reacciones inmediatas a nivel internacional, incluso de Estados Unidos.
Este martes 7 de marzo el régimen canceló la personería jurídica de estas organizaciones por supuestamente incumplir la legislación nacional al no completar «el proceso de convalidación de registro». Ante esto se pronunció el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien expuso que estas decisiones violan los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
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“La cancelación por parte del régimen Ortega-Murillo de organizaciones líderes como COSEP y otras 18 cámaras empresariales viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses y debilita más el frágil ambiente empresarial”, expresó Nichols a través de su cuenta de Twitter.
La cancelación por parte del régimen Ortega-Murillo de organizaciones líderes como @COSEPNicaragua y otras 18 cámaras empresariales viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses y debilita más el frágil ambiente empresarial.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 7, 2023
Número de oenegés canceladas aumenta
El régimen de Ortega no se ha medido en sus embestidas contra organizaciones no gubernamentales, hasta la fecha la cifra de organismos cancelados está muy por encima de las 3 mil. A la mayoría de ellas les fueron arrebatadas sus personerías jurídicas y posteriormente han sido confiscados todos sus bienes.
Otras organizaciones han decidido cerrar debido a la falta de donantes, como pasó con American Nicaraguan Foundation en mayo de 2022 y más recientemente con Cáritas de Nicaragua, cuyo cierre es justificado por el Ministerio de Gobernación como “disolución voluntaria”.
El cierre de organizaciones sin fines de lucro y especialmente ahora la cancelación de personerías jurídicas del COSEP y sus cámaras, así como las confiscaciones perpetradas por el régimen, ponen una vez más en riesgo las inversiones en Nicaragua. Lejos de atraer nuevos inversionistas, los ahuyenta al punto que los que se encuentran en el país podría ver como posibilidad irse y dirigir sus capitales y empresas a otras naciones de la región.
Por otro lado está el sector laboral que se ve afectado directamente, pues cada cierre de empresa por pequeña que sea, deja en desempleo a determinado número de personas que dejan de cotizar al seguro social y se ven obligados a emprendimientos poco productivos o a la migración forzada.
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