El régimen de Daniel Ortega está ejecutando la misma estrategia que aplicó en los años 80— durante su primer mandato en la Presidencia— en contra de los empresarios, pero «con la experiencia de las maras», calificaron economistas.
Desde que se rompió la alianza entre la dictadura y el sector privado en 2018, Ortega ha atacado verbalmente a los grandes empresarios, encarceló y desterró a dirigentes del sector, canceló la patronal y ha asegurado el «silencio» de sus exaliados, entre otras acciones.
Para el economista Juan Sebastián Chamorro, desde el rompimiento entre las partes, el régimen impone su «política de terror y terrorismo económico» con tal de mantenerse en el poder, y «el silencio» de algunos empresarios es el reflejo de la situación.
«Es una relación de amenazas y extorsión. Es extorsionar, extraerles la mayor parte de los recursos que pueda para seguirlos debilitando», explicó el también líder de la oposición y desterrado político.
A su vez, el economista Douglas Castro coincide en que la actual gestión de Ortega está cometiendo acciones que recuerdan a las de su primera dictadura en la década de 1980.
La diferencia fundamental entre los dos períodos es el contexto geopolítico e interno.
«En ambos períodos hubo casos de expropiaciones, intimidación y cárcel a líderes empresariales, censura de los medios y una hostilidad general hacia el sector privado. Además, en ambas épocas, estas acciones han contribuido a un clima de incertidumbre económica y a la erosión del estado de derecho», dijo a este medio.
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«En los años 80, el gobierno sandinista se enfrentaba a una fuerte oposición armada, pues el país estaba en plena guerra civil. Además, había una fuerte orientación ideológica alineada al bloque socialista que motivaba muchas de las políticas económicas y sociales de esa dictadura. En la era actual, Ortega está más motivado por la consolidación del poder personal que por una visión ideológica coherente», explicó.
Afectados son los pequeños y medianos empresarios
A pesar de las ofensas de Ortega en contra de líderes del sector y los vituperios lanzados en contra de Carlos Pellas, del Grupo Pellas, Ramiro Ortiz, dueño del Banpro, y otros grandes empresarios, hay quienes dudan que el gran capital sea afectado por el régimen.
«Ortega tiene comunicación fluida con el gran capital. Los afectados son los pequeños y medianos empresarios, a esos les hacen barbaridades, los persiguen, la Policía chantajea los pequeños negocios», dijo un economista bajo anonimato.
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Explicó que los empresarios detenidos y desterrados «se involucraron en la actividad azul y blanco», pero las actuales amenazas del régimen en contra de grandes empresarios son solo para «dar ánimos a su gente».
Ortega usa «métodos de terror con el estilo más mafioso para que la gente les dé coima o le garanticen lealtad a cambio de poder operar. Es el método de los 80 con la experiencia de las maras«, en perjuicio de los pequeños y medianos empresarios, sostuvo el consultado.
Consecuencias pueden ser graves
Sin embargo, Juan Sebastián Chamorro advierte que el método de Ortega ahuyenta la inversión privada, lo que se traduce en mayor desempleo, crisis económica, menor crecimiento económico, más pobreza y desigualdad.
Asimismo, Douglas Castro afirma que las consecuencias pueden ser «graves y variadas» y, a largo plazo, «Ortega y su gobierno tendrán que enfrentar las consecuencias económicas, políticas e internacionales de sus acciones».
«Nicaragua puede enfrentar más sanciones o presión internacional adicional como resultado de estas acciones, resultando en un aislamiento político y económico aún mayor», indicó.
Castro añadió que, para el sector privado, «la clave será asumir el desafío y contribuir al bienestar general del país, que pasa esencialmente por una transición democrática».
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