Varias de las Cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no tienen con qué pagar la liquidación de sus trabajadores, luego que algunos bancos nacionales les bloquearan las cuentas tras la cancelación de sus personerías jurídicas.
El pasado 6 de marzo el régimen de Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (MIGOB) ordenó la cancelación de las personerías jurídicas del COSEP y 18 de sus cámaras acusándolas de incumplir con la ley al no completar «el proceso de convalidación de registro».
Ante esto algunos bancos nacionales han procedido al bloqueo de sus cuentas bancarias, lo que mantiene insatisfechos a directivos de las cámaras del COSEP que no tienen dinero para pagar la liquidación y demás prestaciones de ley a sus colaboradores.
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Fuentes empresariales bajo condición de anonimato dijeron al medio de comunicación Divergentes que se sentían insatisfechos con el BAC porque no les notificó el bloqueo de sus cuentas.
Empleados sin liquidación
“Ahora no tenemos cómo liquidar a 300 empleados, que son el conjunto del personal de las cámaras”, explicó una de las fuentes consultadas. “Los otros grandes afectados son los trabajadores a quienes no se les puede cancelar sus prestaciones sociales de ley”, insistió.
“Entiendo que por política bancaria, al cancelarse una personería jurídica, es decir al dejar de existir un cliente, en este caso de orden jurídico, los bancos proceden al cierre de las cuentas”, explicó otra fuente de una de las cámaras del COSEP.
“De fondo, no sabemos si el Gobierno en general le ha dado una orientación a los bancos, lo que sí sabemos es que en dependencia del banco que se trate, lo que debe ocurrir es que esos bancos procedan a cerrar las cuentas en virtud de la cancelación de la personería”, detalló.
La fuente explicó que hay cámaras que ya han recibido comunicaciones de los bancos en las “que les hacen ver que por ese acto de cancelación de personería jurídica van a proceder a cancelar sus cuentas. ¿Cómo procede cada banco? Eso ya es parte de su política interna y no lo podemos generalizar”, agregó.
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“A otros nos habían congelado antes. Por ejemplo: el lunes salió el decreto en La Gaceta y el martes el BAC había ya bloqueado las cuentas. Con otros sucede recientemente”, dijo otra empresaria de una cámara a la que le fue cancelada la personería jurídica.
Hasta la fecha, el régimen Ortega-Murillo ha cancelado más de 3,300 organizaciones no gubernamentales y sus bienes han pasado a manos del Estado; sin embargo, no dan detalles de qué se ha hecho con las propiedades y activos confiscados.
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