Recrudecimiento de regulación financiera no impidió a Nicaragua entrar a lista gris de GAFI

Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) regresó a Nicaragua a la «lista gris» de países que implementan «estrategias deficientes» en contra del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación, entre otros delitos.

Nicaragua ya había salido de esta lista en el año 2015, y para el economista Luis Núñez, el hecho de que Nicaragua haya regresado es un «jalón de chaqueta» a la Unidad de Análisis Financiero, cuya tarea es precisamente esa, «perseguir el dinero ilícito esté donde esté».

Núñez destaca que el informe recientemente publicado por este organismo señala que la UAF no está regulando ni observando a organizaciones e instituciones, por lo cual el país se vuelve propenso a que haya lavado de dinero, pues no hay un control sobre las entidades que realizan transacciones financieras en el país.

El trabajo de la UAF

La Ley 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero establece que las actividades que desempeña la UAF son «solicitar y recibir directamente y exclusivamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo».

Una vez obtenidos estos datos, la UAF deberá «analizar, investigar, dar seguimiento y sistematizar toda la información recabada», según lo establecido en los puntos 1 y 2 del artículo 4 de esta ley. Esto significa que los bancos, microfinancieras, empresas y cualquiera que haga transacciones financiera puede ser investigado si la UAF lo requiere.

El economista Núñez explica que para la creación de la UAF fue necesaria la presión externa, sobre todo de los Estados Unidos porque muchos gobiernos como el de Enrique Bolaños, se negaron a aprobar la ley creadora de la UAF porque significaba «un trauma», pues el sector privado siempre se habría quejado que esta ley podría funcionar para espionaje político.

Fue hasta 2012, en el segundo mandato de Daniel Ortega y bajo presión externa que se aprobó la Ley 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero y en el pasado 2019 fue aprobada una reforma a esta ley que extiende sus facultades y obliga a los abogados y notarios públicos a que brinden un informe de las actividades de sus clientes.

En su momento, algunos abogados como el Dr. Julio Montenegro lo tomaron como parte de la persecución política que hace el gobierno de Ortega en contra de los ciudadanos opositores, sin embargo Núñez explica que convertir a los abogados en sujetos obligados a declarar sobre las acciones de sus clientes, es parte de las exigencias que se le hacen al país.

La Asamblea aprobó reforma para intensificar trabajo de la UAF, pero no resultó eficiente. Foto:NI

Núñez señala que «esto no depende de Nicaragua» o de su gobierno, si no que es parte de las exigencias que hacen organismos regionales a todos los países, incluido el nuestro, y explica que aunque Ortega salga del poder, la UAF deberá continuar funcionando como parte de los compromisos que se han asumido como país.

Sin embargo, a pesar de las virtudes que puede representar esta ley y esta unidad, para el GAFI, Nicaragua es uno de los países de la región «que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

«El uso que le podás dar a esa ley, ya es otra cosa», comenta Núñez y explica que por los alcances que tiene esta unidad, sí se puede prestar a una persecución política para los opositores del gobierno de Daniel Ortega.

Golpe a la imagen del país

Este no ha sido el único golpe a la imagen del país, pues recientemente la firma Moody’s Investors Service, bajó de calificación a Nicaragua de B2 a B3, debido a la profunda crisis económica y la dificultad que enfrenta el país para acceder a nuevos créditos, de los cuales, según la diputada liberal Azucena Castillo en entrevistas anteriores, no ha habido un solo desembolso para el país desde que estalló la crisis política en abril del 2018.

Este tipo de calificaciones inciden en la imagen del país para los inversionistas y cooperantes extranjeros, además de que el GAFI intensificará su supervisión sobre los movimientos y transacciones financieras que se hagan en el país, por considerar que las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Ortega son deficientes.

El GAFI también señaló que en Nicaragua hay al menos 208 organizaciones no gubernamentales en riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero, más otras 581, en riesgo moderado además de 1008 en bajo riesgo.

Para Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), al GAFI le pudo parecer «sospechoso» el hecho de que haya más dinero en efectivo de lo normal circulando en el país, lo cual podría ser consecuencia de transacciones ilícitas que la UAF no estaría identificando o al menos reportándolas como ilícitas.

Las sanciones de EEUU a empresas de los Ortega-Murillo pudieron haber hecho que se moviera capital sospechoso considera Mario Arana- Foto:NI

El departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a al menos 4 empresas allegadas a la familia presidencial, y todas ellas han sido señaladas de ser parte de «una red de lavado de dinero», así como algunos funcionarios que también fueron sancionados. El presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, fue señalado por Estados Unidos de estar implicado en lavado de dinero desde esta institución del Estado.

Ante el riesgo señalado por el GAFI, el gobierno de Ortega prácticamente aceptó la ineficiencia de la UAF al comprometerse a seguir las recomendaciones que este organismo le dio, que implican el desarrollo de una comprensión más integral del riesgo que se tiene como país, aplicar medidas apropiadas para evitar que las organizaciones no gubernamentales sean manipuladas o que se presten a fines delictivos, y garantizar la disponibilidad de información precisa y actualizada sobre propietarios y beneficiarios.

Si Nicaragua no asume estos compromisos, se corre el riesgo de que el país caiga a la lista negra y la situación empeore para la economía nacional en medio de altos índices de desempleo y una crisis económica que deviene de la crisis política y de la cual no se avisora una salida a cercano o mediano plazo.

 

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