Daniel Ortega ha lanzado nuevas reformas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para ejercer mayor presión sobre los bancos y reforzar el control del sistema financiero en Nicaragua, según un decreto presidencial de reformas publicado este miércoles en La Gaceta.
Con estas reformas, la UAF podrá exigir a los bancos información sobre sus clientes en plazos muy cortos e inmediatos. Esto aumenta la presión sobre las instituciones financieras, que deberán responder con rapidez para evitar posibles sanciones.
Ortega podrá revisar estados financieros de cada persona dentro de Nicaragua
Además, las reformas establecen que, si los bancos no cumplen con las exigencias de la UAF, este organismo podrá recurrir a la Policía Nacional. La UAF podrá imponer sanciones, que pueden ir desde multas económicas hasta medidas más severas, como el cierre de bancos.
Para muchos economistas, estas acciones están diseñadas más para intimidar que para regular, aunque el régimen asegura que las medidas son supuestamente para “combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, un término que usa contra opositores.
Los plazos para la entrega de información
Las recientes reformas introducidas establecen plazos más estrictos y medidas de control para garantizar el cumplimiento de las normativas financieras.
Las entidades bancarias o personas notificadas tendrán 10 días para responder a las solicitudes de información. En caso de necesitar más tiempo, podrán pedir una prórroga, pero al plazo original.
En situaciones urgentes, la UAF puede exigir una respuesta en un plazo de tres días.
Ortega podrá revisar estados financieros de cada persona dentro de Nicaragua
Si una persona o entidad no está registrada o no tiene licencia, la UAF podrá recurrir a la Policía Nacional u otras autoridades públicas o privadas para obtener la información necesaria.
La UAF trabajará en conjunto con diversas instituciones como la Policía, Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección de Servicios Aduaneros (DGA), alcaldías municipales y regionales.
Estas entidades colaborarán para garantizar el cumplimiento de las sanciones, que incluyen multas económicas, suspensión temporal de operaciones, cierre definitivo de negocios.
Las multas y sanciones
Las nuevas sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con consecuencias que van desde multas económicas hasta el cierre definitivo de operaciones. Las infracciones leves serán una multa de amonestación o de 100 a 3,000 unidades.
Infracciones graves serán multas que van de 3,000 a 8,000 unidades.
Además, separación temporal del cargo de oficial de cumplimiento por uno a seis meses, suspensión temporal de operaciones del sujeto obligado por una a seis semanas, suspensión de la inscripción en el registro de sujetos obligados por uno a seis meses.
Infracciones muy graves serán multadas de 8,000 a 15,000 unidades. Sumado a eso, separación definitiva del cargo de oficial de cumplimiento, cierre de operaciones del sujeto obligado y la cancelación de la inscripción en el registro de sujetos obligados.
La UAF aplicará sanciones más severas a quienes reincidan. Por ejemplo, tres infracciones leves se convierten en una infracción grave. Dos infracciones graves se consideran una muy grave. Reincidir en infracciones muy graves lleva al cierre definitivo de operaciones. Además, las sanciones pecuniarias pueden aumentar hasta tres veces el monto original de la multa.
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