La reforma a la Ley 737, que regula las Contrataciones Administrativas del Sector Público en Nicaragua, es meramente “cosmética” y representa un “gran espejismo” que oculta la corrupción existente en el sistema de compras públicas, según un experto en la materia consultado por Nicaragua Investiga.

El experto, que prefiere permanecer bajo condición de anonimato por temor a represalias políticas, explica que esta reforma otorga a Daniel Ortega y Rosario Murillo la facultad de autorizar contrataciones de materia excluida (sin cumplir requisitos de transparencia),  como las compras que han realizado a empresas extranjeras para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y autobuses rusos y chinos. 

“No se va a conocer cómo se van a llevar estas compras, cómo será el mecanismo de rendición de cuentas y para transparentar cómo se van a manejar de manera eficiente estos recursos”, dice el experto y añade que “uno de los grandes retrocesos de esta reforma es que se pone como un gran telón”.

Por ejemplo, una materia que no era excluida y que se le consideraba contratación simplificada, eran las compras que realizaba el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional con fines meramente militares o policiales y no en tiempos de avituallamiento. 

“En vez de convertirse en una contratación simplificada, pasa a ser una materia excluida, no se va a regular”, sostiene nuestra fuente, y añade que la Ley 737 siempre fue clara que se realicen contrataciones «para la defensa de la soberanía, de la independencia».

¿Qué es lo que quiere tapar el régimen?

El experto consultado, que es abogado especializado en administración pública, señala que el régimen meterá en un solo bolsón la mayoría de las licitaciones, en donde habrá amplia opacidad sobre la compra de estas instituciones. 

“Probablemente, investigaciones como las que ustedes realizaron sobre el Ejército, que son sumamente valiosas, no se puedan realizar porque hay una cortina, un entramado de opacidad, es como una gran nebulosa que va a existir, y no vamos a poder ver exactamente qué están comprando estas instituciones”, detalla.

Nicaragua Investiga y Café con Voz revelaron que más de 80 instituciones públicas, incluidas más de 20 alcaldías, han otorgado contratos lucrativos a empresas vinculadas al Ejército, que evidencian tráfico de influencias y conflictos de intereses.

Nuestra fuente cuestiona los mecanismos de rendición de cuentas para las materias excluidas, como las compras con caja chica. Señala que, aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha establecido un procedimiento para estas compras, este procedimiento es desconocido, al igual que su mecanismo de rendición de cuentas.

No habrá control sobre la compras directas

Por otro lado, la reforma incluye un nuevo procedimiento que es la contratación directa. “Prácticamente es el dedazo, un elemento de alta discrecionalidad y de arbitrariedad”, enfatiza el experto. “Este procedimiento no existía y ahora lo mencionan en las reformas, pero no lo regulan. Hay total opacidad sobre cómo se va a manejar esto”.

“Esto es un premio para estos países, pero esto es un poco para avalar esas compras que ha venido haciendo el régimen, desde luego en las cuales no le interesa que haya fiscalización, que son compras millonarias”, explica el experto. 

El abogado, que estudió y analizó las reformas, manifiesta que uno de los incisos de la ley se refiere a los proyectos que se realizarán en torno al proyecto del Gran Canal Interoceánico. 

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“Esto implicaría que estos proyectos millonarios, la mayoría de ellos, proyectos o adquisiciones de obras, van a ser desarrollados en total opacidad”, manifiesta y agrega que estos procedimientos no van a regirse por el sistema de contrataciones, aunque sean millonarios y se ajusten a los montos que la ley establece.

“Lo que vamos a ver es procedimientos que sean discrecionales y sometidos nada más al arbitrio de la pareja presidencial”.

En Nicaragua existía descentralización normativa, que se refiere a dos leyes de contrataciones públicas, una para el ámbito del gobierno central y otra para las municipalidades. Con estas reformas ya aprobadas, se deroga la Ley 737 y la Ley 801 de Contrataciones Municipales.