Autoridades del régimen de Daniel Ortega tomaron el control de la planta textil Rocedes, ubicada en el parque industrial Las Mercedes (kilómetro 12,5 de la Carretera Norte), según un reporte del diario La Prensa. La medida, atribuida a la Procuraduría General de Justicia, se produjo en medio de denuncias por deudas acumuladas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), facturas de electricidad de Disnorte y Dissur, y reclamos laborales pendientes.
La empresa está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, quien fuera jefe del Ejército y figura de la cúpula militar sandinista hasta que en 2018 expresó apoyo público a las protestas sociales. Fuentes cercanas a la compañía indican que también participaría capital estadounidense; la firma aparece descrita en agencias de empleo como de propiedad y gestión estadounidense, con personal angloparlante en áreas de producción, calidad y comercio exterior, y formaba parte de la American Apparel Producers Network y de la asociación nicaragüense de prendas de vestir.
Tras la ocupación, los aproximadamente 1.800 trabajadores activos fueron enviados a “vacaciones” sin información clara sobre si recibirían la quincena prevista para ese fin de semana ni sobre el estatus de sus liquidaciones. La situación también involucra a unos 400 extrabajadores que esperaban el pago de indemnizaciones. Trabajadores advirtieron que otras compañías habían encargado prendas a Rocedes y que esas piezas quedaron dentro de las instalaciones, ya que la Comisión de Zona Franca no autorizó su retiro. Esto abre la posibilidad de disputas con marcas internacionales cuyos productos no pertenecen a la empresa intervenida.
Rocedes arrastraba antecedentes de tensiones laborales. En diciembre de 2025 empleados denunciaron retrasos en el pago de aguinaldos y algunos iniciaron demandas. En esos procesos figuraba como apoderado general de administración Carlos Joaquín Cuadra González, hijo mayor del general. En mayo de 2025 la planta tenía capacidad para producir alrededor de 400 mil piezas mensuales y empleaba de forma permanente a 2.535 personas (1.304 mujeres y 1.231 hombres).
Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial del gobierno que precise el monto de las deudas reclamadas ni las razones formales de la intervención. El episodio ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre ocupaciones de propiedades vinculadas a ciudadanos estadounidenses, después de que el régimen ordenara la devolución de al menos nueve casas de playa confiscadas a jubilados de Estados Unidos.
Presupuesto 2027: Ortega cobrará más impuestos y reduce el gasto contra la pobreza
La toma de Rocedes ilustra la precariedad que puede generar la intervención estatal de empresas en zonas francas: de un día para otro, cientos de familias quedan sin certeza sobre salarios, prestaciones y el destino de la producción que no es de la firma intervenida, mientras el hermetismo oficial dificulta dimensionar el alcance real de los adeudos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Nicaragua Investiga
