El 6 de octubre de 1983 se publicó en La Gaceta el Decreto 1327, que creó el Servicio Militar Patriótico (SMP). Lo firmó Daniel Ortega como coordinador de la Junta de Gobierno, según el archivo de La Prensa. En los hogares nicaragüenses se le conoció con otro nombre: el «servicio militar obligatorio».
Qué establecía la ley
La norma obligaba a todos los hombres de 18 a 25 años a cumplir dos años de servicio activo en el Ejército Popular Sandinista (EPS). Quienes tenían hasta 40 años quedaban inscritos como reserva y también podían ser enviados al combate.
No existía la objeción de conciencia ni un servicio alternativo. Según un informe de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, basado en datos de Amnistía Internacional, no inscribirse o no presentarse al llamado podía costar hasta cuatro años de cárcel.
Los reclutas recibían tres meses de entrenamiento intensivo como soldados de infantería y luego eran repartidos en batallones, la mayoría en las zonas de guerra del norte y el centro del país. Gracias al reclutamiento masivo, el EPS pasó de unos 10.000 efectivos a cerca de 132.000.
Las redadas: cazados en la calle
En el papel, el reclutamiento empezaba con un «llamado» oficial. En la práctica, el EPS y la Policía salían a capturar jóvenes. Ahí ni siquiera respetaban la edad establecida en el decreto.
La Unidad de Reclutamiento recién creada para engrosar las filas del Ejército Sandinista era conocida como “Preventiva” y era temida por las familias.
En diciembre de 1984, la agencia UPI informó que camiones con policías llegaron de madrugada a Nagarote, en León. Los agentes tocaron puertas y exigieron que se presentaran todos los varones de entre 16 y 23 años. Los padres se enfrentaron a los uniformados con palos y piedras, y el párroco del pueblo fue detenido brevemente. Esa mañana se llevaron a unos 300 muchachos.
Ese mismo mes, unos 800 reclutas intentaron escapar de la base militar La Granja, al este de Managua. Sus madres denunciaron que los habían capturado en la calle, a la salida de los cines, en los mercados y en las paradas de buses.
La captura de menores de edad era frecuente. La organización Americas Watch advirtió que el reclutamiento forzoso «a menudo conduce al reclutamiento de menores» La Comisión Permanente de Derechos Humanos también documentó que se llevaban a jóvenes no aptos por su edad o por enfermedades.
Muchos, casi niños, de entre 14 y 16 años, ni siquiera se aguantaban el fúsil, ni entendían porqué luchaban. Un día estaban jugando pelota en un parque y al siguiente disparando a un enemigo desconocido para ellos solo para salvar su vida.
“Había una fiesta, y saliendo de la fiesta nos capturaron y luego nos llevaron a un lugar donde nos entregaron fusiles. Nunca había visto uno, tenía mucho miedo”, nos dice un excombatiente que por temor a represalias pide no revelar su identidad. Cuando fue capturado tenía solo 15 años.
Así es la vida de los «contras» nicaragüenses 34 años después del desarme
“A mi me lograron agarrar una vez que fui al Mercado Huembes, yo claro que no quería ir, fui obligado”, nos dice otro ex reclutado. Su historia fue más trágica, tenía solo 14 años. Lo entrenaron por un mes y justo el primer día que fue asignado a una tarea junto a otros compañeros con quienes viajaba en un camión militar quedó lisiado para siempre.
El camión pasó sobre una mina, todos salieron por los aires. “Yo solo me sentí bañado en sangre y lo que miré fue varios compañeros que estaban agonizando. Yo llegué al hospital llorando, convulsioné, no sentía mis piernas”, relata.
Ese día perdió una de sus piernas y fue regresado a casa, pero su infancia estaba perdida. Hasta su vejez pasó una vida de extremas necesidades y olvido por parte del régimen.
Huir o esconderse
Para evitar el cuartel, miles de jóvenes se escondieron en el campo o cruzaron la frontera sin papeles hacia Costa Rica y Honduras. En 1985, un muchacho de 19 años que preparaba su fuga resumió al Christian Science Monitor lo que el gobierno les decía: «Aquí tenés un fusil, andate a la montaña» (traducción propia).
Muchos no volvieron. Dos años después, el mismo diario relató que dos de seis amigos de un adolescente de Managua, reclutados en junio, regresaron muertos un mes más tarde.
Los jóvenes que lograban regresar con vida estaban felices de ver nuevamente a sus familias de las cuales fueron arrancados. También de haber sobrevivido. Foto: Archivo/Internet
Una herida que costó el poder
Según cifras que el Ejército entregó en 1990, la guerra dejó 29.584 muertos entre soldados del EPS y combatientes de la Contra, además de miles de heridos y mutilados. El general en retiro Hugo Torres, quien fue parte de la cúpula sandinista, lo calificó como «el error más grande que se ha cometido».
El rechazo al SMP pesó en las urnas. En agosto de 1989 el gobierno suspendió el reclutamiento hasta las elecciones, y en febrero de 1990 Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega con la abolición del servicio obligatorio como una de sus promesas centrales. Lo suspendió el mismo día de su toma de posesión.
En diciembre de 1990, la Asamblea Nacional derogó la ley mediante la Ley 120, para garantizar a los jóvenes «el derecho a no ser reclutados al Servicio Militar Patriótico en forma compulsivo». Desde la reforma de 1995, el artículo 96 de la Constitución prohíbe el servicio militar obligatorio y cualquier forma de reclutamiento forzoso.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Nicaragua Investiga
