El mes de agosto de 2018 marcó un antes y un después para Yader Morazán Flores, un activista nicaragüense licenciado en Derecho y especializado en Administración de Justicia, al dejar atrás todos sus sueños y exiliarse en Estados Unidos, tras las protestas antigubernamentales contra el presidente Daniel Ortega.
Morazán se desempeñó durante ocho años como funcionario del Poder Judicial, trabajo al que llegó por un caso fortuito, a pesar de haber logrado culminar sus estudios, salteando adversidades que le impedían lograr su objetivo.
Desde temprana edad abandonó su hogar y buscó la manera de trabajar para costear sus estudios y los gastos personales como la renta y alimentación.
Durante un tiempo estuvo trabajando como conductor de taxi a tiempo parcial, después se fue a la vecina Honduras, donde trataba de recaudar dinero para proseguir sus estudios, hasta que una persona lo motivó a volver y le ofreció ser recepcionista en un hotel.
“Ahí me daba tiempo para seguir con mis estudios, decido regresarme a Nicaragua, luego conozco a mi jefe, recibo la propuesta de trabajar en el Poder Judicial, donde permanecí durante ocho años al servicio de la administración de justicia”, cuenta Morazán.
La vocación para estudiar Derecho, Morazán la atribuye a recuerdos de su niñez en los que vio “arbitrariedades”, precisamente por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Los medios de comunicación también jugaron un rol importante, según comenta el actual exiliado a la Voz de América, pero sobre todo cree que se impone el tema de la justicia social y el rechazo a la desigualdad, un mismo patrón que tienen en común su familia.
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“Yo estudio porque me convoca mucho el tema de la justicia social y el rechazo por la desigualdad. Vengo de una familia con un pensamiento muy romántico y muy comprometido en estos procesos de lucha”, explica Morazán, quien enfatiza que su padre fue retirado del Ejército Nacional y participó en la revolución sandinista en los 1980.
“Mi mamá igual, y toda mi familia cree en las causas y justicias sociales”, señala.
Pero atrás quedaron esos anhelos de lograr la justicia en Nicaragua. Al menos por el momento.
Morazán forma parte de las más de 100.000 personas que se han visto forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos reportadas en Nicaragua desde 2018, según datos de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Se han unido otros agravantes para emigrar
Al igual que él, miles de profesionales se han ido del país, pero no solo ha sido por un factor de crisis sociopolítica. Economistas y sociólogos comparten en conjunto a la VOA que han influido otros factores históricos, como el desempleo, por ejemplo.
Según el último Informe de Proyecciones Económicas, publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en 2020 más de 43.000 nicaragüenses perdieron sus empleos.
El economista nicaragüense y profesor Maykell Marenco señala que el tema de la diáspora tiene dos catalizadores agravantes. La situación económica y ahora el nivel de inseguridad que se vive en el país por la crisis sociopolítica.
“A partir del año 2018 tuvimos una diáspora con las dos características y por eso miles de nicaragüenses migraron a muchas partes, como Costa Rica, España o Estados Unidos. El desempleo y la inseguridad, y realmente es preocupante porque estamos hablando de mano de obra productiva que se va del país, que se fuga porque no tiene incentivo”, considera.
Cirilo Otero, sociólogo e investigador social, comparte que también hay un factor relacionado a la falta de políticas para incentivar a la ciudadanía a quedarse en Nicaragua.
Tanto Otero como Marenco advierten que esto tiene un costo bien alto para Nicaragua. Primero, porque hay un daño de carácter social, pues al irse un familiar al extranjero muchas veces empuja a que otros allegados busquen el mismo rumbo, desmembrándose así el núcleo tradicional.
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“Hay un daño de carácter familiar y tiene repercusión en la sociedad. Los padres se van, las madres se van, y así sucesivamente. Luego se van viendo los resultados”, analiza Otero.
Mientras que Marenco ve “que la mano de obra productiva, en lo cual en su momento se invirtió en educación, en salud, no tuvo lamentablemente un retorno”.
Marenco pone como ejemplo lo que estas personas podrían representar a Nicaragua, enfatizando lo que los inmigrantes han aportado al crecimiento, a la economía de otros países, como es el caso de Costa Rica.
“Los inmigrantes aportan el 12% del PIB a Costa Rica y, dado que los nicaragüenses representan el 77,31% de la población inmigrante, esto significa que aportan el 9,27% de su PIB. Entonces todo esto es mano de obra que no se está utilizando o aprovechando”, añade Marenco.
Durante las últimas décadas, al menos en dos ocasiones se han dado altos niveles de flujos migratorios en Nicaragua. En los años 1980, en los que se vivía una guerra, y en la actualidad.
“En los años 80 se fueron personas mayores de 35 o 40 años; en este caso hablamos de personas jóvenes en las cuales hubo inversión en capital humano, en educación, inversión que no tuvo lamentablemente un retorno”, finaliza Marenco.
Con esperanzas de volver
Sin embargo, algunos exiliados, como es el caso de Morazán, tienen la esperanza de poder conseguir estatus de profesional aún más en Estados Unidos, estudiando inglés, mientras sobreviven de empleos informales, esperando si se puede encontrar una salida a la crisis que vive Nicaragua.
“Creemos que en algún momento vamos a retomar el rumbo de nuestra profesión. A corto plazo tenemos que tener planes, a largo plazo igual. Por ejemplo, uno de mis planes es dominar bien el inglés y regresar al menos siendo un abogado bilingüe. No sabemos cuánto tiempo va a tardar este regreso, pero tenemos que trazarnos varias etapas”, añade Morazán.
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