EEUU prepara nuevas sanciones de cara a los comicios electorales en Nicaragua

Según Reuters, el gobierno estadounidense también ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.

Funcionarios estadounidenses comentaron que la administración de Joe Biden se encuentra trabajando con socios internacionales en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, las cuales Washignton reconoce como una «farsa organizada por Daniel Ortega».

Según Reuters, el gobierno estadounidense también ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (DR-CAFTA) y ya ha detenido el apoyo a cualquier actividad de «desarrollo de la capacidad comercial» que se considere que beneficia al gobierno de Ortega.

¿Qué hará Ortega después del 7 de noviembre para tratar de desmontar la presión internacional?

La administración del presidente Biden, basándose en las sanciones impuestas por su predecesor Donald Trump, ha impuesto medidas financieras punitivas y prohibiciones de viaje a Estados Unidos contra decenas de funcionarios sandinistas, incluidos miembros de la familia Ortega, por violaciones a los derechos humanos.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, alegó recientemente que Ortega y su esposa Rosario Murillo se encuentran «preparando una elección falsa, desprovista de credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores».

Reuters destaca que un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que era probable que se emitieran nuevas sanciones para después de las elecciones. «Continuaremos usando herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan los abusos de derechos humanos del régimen de Ortega y los ataques a la democracia nicaragüense», dijo.

Hasta el momento se desconocen quiénes serían los posibles objetivos de las nuevas sanciones. Sin embargo, el funcionario estadounidense indicó a Reuters que la próxima ronda podría incluir «no solo a personas, sino también a unidades de las fuerzas de seguridad o empresas controladas por el gobierno vinculadas a la represión».

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