Nicaragua se encuentra entre los últimos quince países con el índice más bajo en cuanto a derechos de propiedad a nivel mundial, lo que aumenta considerablemente los riesgos de expropiación en el país.
Con un puntaje de apenas 4.1 de 10 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) realizado por la organización Property Rights Alliance en 2020, Nicaragua ocupó la posición número 117 de los 129 países analizados, reconociéndolo como uno de los más débiles en cuanto a protección de los derechos de propiedad de su población.
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Este índice mide el nivel de protección que diversas jurisdicciones alrededor del mundo otorgan a los derechos de propiedad.
Uno de los criterios tomados en consideración para la composición del IPRI es el ambiente legal y político, en este Nicaragua retrocedió un -18.79% en comparación al último registro de 2019.
Al respecto, un documento del Banco Mundial reconoce que “si bien los derechos de propiedad en Nicaragua están protegidos por ley, debido al elevado nivel de burocracia, corrupción y escaso cumplimiento, en la práctica estos no están adecuadamente protegidos”; y detalla que los mismos contratos no siempre se respetan y que “el sistema judicial es susceptible a influencias externas”.
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“Los derechos de propiedad de las mujeres y las poblaciones indígenas y rurales son particularmente vulnerables. Asimismo, los registros de la propiedad no funcionan adecuadamente, dificultando el rastro de la historia de un título de propiedad”.
De hecho, en 2017, entre el 35% y 40% de toda la tierra en Nicaragua enfrentaba algún tipo de conflicto o disputa legal, incluidos reclamos contrapuestos sobre un mismo terreno, falta de documentación que pruebe la posesión legal, disputas de límites y propiedad de la tierra sin respaldo, según lo indica el documento del BM.
Un problema histórico
La vulnerabilidad en cuanto a derechos de propiedad no es de sorprender, pues los conflictos históricos jugaron un papel importante en la tenencia de la tierra en Nicaragua.
“La política de privatización descontrolada de la década de los noventa derivó en la concentración del poder económico en pequeñas élites y en la creación de un sistema de clientelismo. La debilidad del sistema de titulación de tierras limitó parcialmente la inversión en el sector agropecuario, lo que a su vez menoscabó la productividad de la tierra” indica el BM.
Las comunidades caribeñas y el campesinado nicaragüense han vivido una historia de continuos procesos de expropiación de sus tierras | NI
Históricamente, las poblaciones indígenas y el campesinado nicaragüense han vivido continuos procesos de expropiación y de usurpación de sus recursos —cabe destacar que dichas poblaciones han sido protagonistas de una amplia resistencia en defensa del derecho a sus tierras, lo cual les ha costado largos ciclos de violencia—.
La situación es tal que, para 2019, Nicaragua obtuvo un lamentable puntaje de 4 sobre 30 en relación a la calidad de su sistema de administración de las tierras, en un registro del Doing Business que mide la confiabilidad de la infraestructura, la transparencia de la información, la cobertura geográfica del registro de propiedades, la existencia y efectividad del sistema de resolución de disputas territoriales, y el acceso igualitario a los derechos de propiedad.
Impacto sobre la inversión extranjera
Por otro lado, el Banco Mundial manifiesta que fortalecer los derechos de propiedad y el estado de derecho “posiblemente sirva para promover la producción per cápita en Nicaragua”.
En base a un análisis, aseguran que el PIB per cápita real del país «se asocia negativamente a su riesgo de expropiación y positivamente a los índices de derechos de propiedad y estado de derecho».
“Un aumento de una unidad en el riesgo de expropiación se asocia a un descenso de 0.04%, mientras que un aumento de una unidad en estado de derecho se asocia a un aumento de 0.2% en el PIB per cápita real” asegura el organismo multilateral.
De igual forma, otros estudios también revelan que mejorar los derechos de propiedad a través de una reducción del riesgo de expropiación “afecta positivamente la asignación de recursos al darle forma a los incentivos que tienen los individuos para desempeñar actividades productivas e invertir”. Incentivos que resultan altamente necesarios para el país en medio de la crisis política y económica que enfrenta actualmente, que ha elevado el nivel de desconfianza de los inversionistas extranjeros.
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