En plena crisis sociopolítica en Nicaragua, el mandatario Daniel Ortega mandó a la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, una iniciativa para reformar la Ley 554, «Ley de Estabilidad Energética» con el fin de supuestamente «facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos», según el documento obtenido por Nicaragua Investiga.
De aprobarse la reforma, la empresa distribuidora de energías podrá emitir facturas que tendrán un «reconocimiento de fuerza ejecutiva», cuyo fin es poder demandar legalmente a la persona deudora o tomar otras medidas judiciales.
«Que es lo que te dice esa reforma, que basta y sobra que la empresa te demande judicialmente para que debas responder (…) La empresa podrá proceder ante un juez por las facturas pendientes de cobro», explica a Nicaragua Investiga el abogado especialista en derecho laboral, José López.
«El gobierno está asegurándose a través de esto que pagués y pagués. Está dándole más fuerzas a las empresas para proceder contra la ciudadanía y eso es malo. Acordate que mucha gente no tiene con qué pagar la energía por la misma situación de desempleo, entonces la empresa va a recurrir a lo judicial», advierte López.
El abogado explica que por ley las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento y pondría en zozobra a la población.
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La reforma también dota a la empresa distribuidora con divulgar la lista de clientes que hayan cometido delitos como «sustracción ilegal de energía», entre otros.
Según declaraciones del diputado liberal Jimmy Blandón esta propuesta de reforma a la ley 554 pasará a comisión este lunes y en dos semanas pasaría al plenario de la Asamblea Nacional para su aprobación.
«Las regulaciones son importantes, pero es más importante que se le de seguridad jurídica a los consumidores o a los clientes. En general esta empresa cuando se le presentan reclamos no los resuelve. Si te daña los equipos por alteración al voltaje no te dan respuesta, tampoco cuando hay reclamos por facturas alteradas. Si hay reformas también estos entes energéticos deberían resolver los problemas de los consumidores»; dice Jimmy Blandón.
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La propuesta de reforma que envió Ortega al parlamento se da en una de las peores crisis económicas y políticas que atraviesa Nicaragua luego de las protestas que estallaron en abril de 2018. De acuerdo a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, el año pasado se perdieron 178,000 empleos, y esperan que al final de este 2019 se hayan perdido unos 50,000 más.
Esta propuesta de reforma a la ley energética se da en medio del encarecimiento del costo de la misma. Según datos del Instituto Nicaragüense de Energía, entre enero y septiembre de este año, la energía se incrementó en un 14.63% en su costo.
Estado es socio de Unión Fenosa
Según archivos periodísticos, Daniel Ortega adquirió el 16% de las acciones de la distribuidora Unión Fenosa en mayo de 2008.
En ese entonces el mandatario afirmó que el Estado podía comprar más adelante las acciones de la empresa. Además Ortega, a través de ALBANISA controla la importación de hidrocarburos que requieren las generadoras de energía, por lo que le es conveniente que el negocio de la energía funcione eficientemente y los clientes no caigan en mora.
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